El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que ya inició un proceso penal por el delito de sedición contra la diputada del Movimiento Sin Miedo (MSM) Marcela Revollo, por el presunto financiamiento a la IX marcha indígena. La opositora aseguró que desconoce una demanda oficial.
“Ella está procesada, yo no he ido a decir a los medios. La estoy procesando por instigación pública a delinquir por el delito de sedición, por eso la estoy procesando y hay un equipo de abogados que no va a descansar ni un minuto hasta que este proceso salga adelante. Tendrá que explicarle la diputada (Revollo) al país qué hace financiando una movilización”, dijo la autoridad en el programa El Pueblo es Noticia, que difunde el canal estatal.
La pasada semana, Romero entregó a los medios una grabación en la que se revela que tres personas, entre ellas Revollo, conversan en un ambiente cerrado mientras reciben llamadas de supuestos dirigentes indígenas. Con ese argumento se acusó a la opositora de financiar la marcha.
En la grabación, la asambleísta conversa con un dirigente llamado Emilio, a quien le pide datos de otra persona para depositar dinero. Después, pide a su personal que la comunique con el diputado indígena (disidente) por el MAS, Pedro Nuni.
Tras este hecho, Revollo presentó una querella contra Romero ante el Ministerio Público, por espionaje, ya que argumentó que se violó su derecho a la privacidad y la Constitución.
Asimismo, admitió que recauda dinero a través de la venta de tarjetas que rinden homenaje a la marcha del 2011; argumentó que el monto es para comprar pañales, leche, agua y otros insumos para la movilización.
“Él (Romero) confiesa haber grabado la conversación sin autorización y haber violado la Constitución y las leyes, pero no conozco de ninguna denuncia formal en mi contra, porque aún no se me notificó oficialmente. Vamos a averiguar esto en estrados judiciales”, dijo a La Razón la diputada.
Hecho. Romero cuestionó que la actividad benéfica para la compra de vituallas y alimentos haya iniciado el 6 de abril, 21 días antes de que se inicie la nueva marcha por el TIPNIS:
“Qué hacía la diputada Revollo recolectando pañales, alimentos y víveres el 6 de abril, cuando no había marcha, entonces es una contradicción. Qué hace ella conversando con Emilio Nossa e Ysidro Yuco, dirigentes del TIPNIS, qué hace recaudando dinero para que la gente marche”, indicó el ministro y reveló que se exhibió la grabación por las críticas que hizo el líder del MSM, Juan del Granado, contra el gobierno de Evo Morales.
Revollo no pudo precisar la fecha en que se hizo la grabación y aclaró que el 6 de abril era feriado y ella no visitó su oficina; asimismo, no descartó que gente afín al Ministerio de Gobierno haya realizado esa acción. Negó que haya “infiltrados” en su partido que la quieran perjudicar.
Señaló también que la venta de las tarjetas no es una transacción, sino una “expresión de solidaridad” y que no amerita un control fiscal o impositivo. “Es un acto de solidaridad, cuánto se puede recaudar con 5 bolivianos; no se pueden manipular los conceptos. Es un colectivo solidario que hace esa actividad de la cual yo no soy el centro, sino sólo un miembro más”.
Al respecto, el analista económico Armando Méndez explicó que una actividad formal productiva debe pagar impuestos, pero esta venta de tarjetas, al tratarse de una actividad no rutinaria con fines benéficos, “no está inscrito en los registros tributarios, no tiene NIT, no debe pagar impuestos. Si lo hiciera un empresario, sí está en la obligación de pagar tributos”.
Actividad no comercial
Dato
Según el analista Julio Alvarado, al tratarse de una actividad solidaria y esporádica, la Ley de Impuestos no contempla un control fiscal.
Argumento
“No se está haciendo una actividad comercial, sino un aporte. La ley vigente sólo se refiere a las transacciones comerciales y los temas solidarios no tributan”.
