El abogado Jorge Quiroz, defensor de Juan Calizaya y Mario Hernany, padres de los fallecidos David Calizaya y Fidel Hernany, dijo que llama la atención que en repetidas oportunidades se suspendió la audiencia destinada a abrir los sobres que contienen las pericias de balística y otras, que ayudarían a hallar a los responsables de ambas muertes.
La intervención policial del 7 y 8 de mayo de 2010, en Caranavi, saldó con las muertes de Fidel Hernany y David Calizaya. La Fiscalía presentó una imputación contra cinco coroneles, en principio, pero la misma fue anulada debido a incidentes que plantearon los acusados porque no se abrieron los sobres periciales.
Quiroz señaló que, con la de ayer, son al menos seis oportunidades en que se suspende este acto procesal. Las últimas veces, la justificación fue que no se notificó legalmente a las partes porque las direcciones de jefes policiales involucrados no fueron halladas.
“Debemos decir que estas direcciones han sido extraídas de las cédulas de identidad de estas personas y de las declaraciones de quienes ahora no se les habría podido encontrar. Entonces, si esas direcciones no existen, estamos frente a un ilícito penal”, expuso Quiroz ante el juez 9º de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, a quien solicitó que “oficie al Ministerio Público para que se abra el proceso correspondiente”.
Proceso. El abogado explicó a La Razón que debería instaurarse un proceso por falso testimonio contra los generales (r) Óscar Nina (entonces comandante de la Policía), (r) Ciro Farfán, quien tenía el grado de coronel y era comandante departamental de la Policía de La Paz, además de Reynaldo Iturri y Jorge Ayala.
“Pasaron dos años y el órgano jurisdiccional y algunas otras autoridades están confabulando para que esto no prosiga”, denunció Quiroz. Hizo notar, además, que el juez Castillo, desde que conoció el caso, no realizó actuación alguna y que el anterior juez de la causa, Rolando Sarmiento, “nueve meses hizo dormir este proceso”.
El anuncio de un proceso contra los jefes policiales fue advertido como una forma de amedrentamiento por el abogado Marco Nina, defensor del coronel Carlos Saravia, quien formó parte de la imputación inicial del Ministerio Público, junto a los coroneles Andrés Romero, Cristóbal Ramos, Julio Cruz y Roberto Torres.
“Tratamos de ingresar a conocer qué es lo que contendrían esos sobres, pero la audiencia no se puede llevar porque no se notifica a todas las personas investigadas, en primer lugar fue por falta de domicilios y ahora la Central de Notificaciones sólo notifica a algunos”, dijo el fiscal Aldo Ortiz, quien lleva el caso junto a Patricia Santos.
Ortiz pidió que se llame la atención al funcionario de la Central de Notificaciones que no habría cumplido con las diligencias y estaría ocasionado la dilación, situación que fue tomada en cuenta por el juez de la causa.
