El fiscal Aldo Ortiz explicó que el Ministerio Público no dilata el proceso investigativo, sino que el proceso se ve perjudicado por una serie de memoriales, como el de ayer, que presentan los involucrados y que, si bien son medios de defensa, se convierten en actos dilatorios. “Es en función a ello que también el Ministerio Público ha ampliado las investigaciones de los coroneles José Piérola y Marco Ortuño, por obstrucción a la Justicia”, sostuvo.
Piérola fungía como rector de la Universidad Policial (Unipol) y Ortuño era director de la Academia Nacional de Policías (Anapol) cuando surgió el escándalo de las presuntas irregularidades denunciadas en la admisión de los 54 alumnos, dentro de un plan piloto para bachilleres indígenas. En la investigación se halló indicios de que jefes policiales avalaron una resolución irregular para esa admisión. Incluso se denunció cobros de $us 5.000 por alumno para incluirlos en el programa.
Detención. Piérola y Ortuño fueron imputados por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, y uso indebido de influencias. El juez 3º de Instrucción en lo Penal, Rolando Chaca, dispuso detención domiciliaria para ambos.
Con la ampliación de la tipificación penal, Piérola y Ortuño deben volver a comparecer ante la Fiscalía por el caso de obstrucción a la Justicia. Se advierte obstrucción porque debido a las recusaciones no se puede tomar la declaración de Santiesteban. Piérola pidió ayer la recusación del juez Rolando Chaca del caso. En los pasados días, fue Ortuño quien hizo ese pedido.
“En el caso de que no hubiéramos suspendido la declaración, estamos seguros de que se hubiera alegado alguna vulneración de derecho”, arguyó Ortiz. Santiesteban estuvo casi dos horas con los fiscales, pero no logró decir nada. En contacto esquivo con los medios, sólo ratificó que “repentinamente hubo una suspensión de mis declaraciones (…) yo creo que me citarán nuevamente”.
Anoche el ministro de Gobierno, Carlos Romero, anunció que iba a pedir un asesoramiento de sus abogados para impulsar el avance de este proceso, porque de lo contrario queda en entredicho el propio Ejecutivo. “De repente hasta el mismo Ministro de Gobierno va a tener que hacer huelga de hambre para que dejen de recusar. Los que están recusando están desviando la investigación, y si están desviando, si están obstaculizando la investigación, es porque tienen algo que ocultar”, manifestó Romero.
Para la abogada de los 54 cadetes que fueron expulsados de la Unipol, Lourdes Solares, las suspensiones consecutivas de la declaración de Santiesteban causa “indignación” y lleva a pensar que “debe haber algo de por medio”, para que estas suspensiones sean frecuentes.
Actualmente, cerca de 20 personas son investigadas por las supuestas irregularidades y sólo tres de ellas fueron llevadas a audiencia de medidas cautelares, la última fue la asesora legal de la Unipol, Carla Ortiz Burgoa, a quien el juez Chaca concedió la detención domiciliaria el viernes.
Los papás anuncian una huelga
Rechazo
Tras la suspensión de las declaraciones que ayer debía prestar el general Jorge Santiesteban, en el caso Unipol, un grupo de padres de familia de los 54 excadetes anunció el inicio de una huelga de hambre.
Convocan a declarar al fiscal policial
La comisión que indaga el caso Unipol, conformada por los fiscales Aldo Ortiz Troche, Marco Rodríguez y Milena Alba, informó que citó como testigo al fiscal policial Rubén Caetano Reynolds, miembro de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi), porque estaría perjudicando las pesquisas.
“El mayor Juan Carlos Basualdo (jefe de las investigaciones), por lo menos para la comisión de fiscales, sigue siendo parte de los investigadores, más allá de que el fiscal policial haya referido que se le ha replegado”, indicó Ortiz, tras revelar que el funcionario del Digipi fue citado para que declare sobre los hechos que habría cometido Basualdo.
Informó que ya se lo tuvo en Fiscalía el viernes, pero su declaración se suspendió debido a la audiencia de la abogada Carla Ortiz Burgos, una de las personas investigadas en el caso y que hoy guarda detención domiciliaria.
A Basualdo se le acusa de instigar o ejecutar servicios policiales para fines ilícitos, cuando lo único que hizo es tomar declaraciones a los ahora excadetes. Con esta tipificación, el fiscal policial estaría “tratando de perjudicar el presente caso, está tratando de que este caso sea impedido de continuar”, arguyó Ortiz. El fin de semana se conoció que la Digipi suspendió a Basualdo del proceso. El caso Unipol se refiere a la admisión supuestamente irregular de 54 cadetes en la Unipol.
