La autoridad anunció ayer en Palacio de Gobierno que junto al Ministerio de la Presidencia se remitió una comunicación oficial a la dirigencia indígena donde se da respuesta a las nueve demandas que recibió el Ejecutivo el 10 de mayo.
Romero precisó que el documento responde a las demandas planteadas por la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) respecto al proceso de saneamiento y titulación de tierras, la otorgación directa de la administración de las áreas protegidas a las organizaciones indígenas y el incremento de la representación indígena en los distintos órganos legislativos del país.
Respecto al punto sobre saneamiento de tierras, el ministro explicó que desde 2006 se registraron “importantes conquistas” alcanzadas por los pueblos indígenas. “A la fecha se superaron las 13 millones de hectáreas de tierras tituladas a favor de los pueblos indígenas de tierras bajas, en calidad de Territorios Comunitarios de Origen (TCO)”, dijo.
Con relación a la representación política de sectores indígenas en el Órgano Legislativo, Romero aseguró que la participación indígena en cargos de poder “no tiene precedentes”. “En la Asamblea Legislativa los pueblos indígenas tienen curules provenientes de circunscripciones especiales equivalentes a casi el 10% de los curules de la Cámara de Diputados para una población, que de acuerdo con el último censo, representa el 2% de la población”, enfatizó.
Otras demandas planteadas por la Cidob se refieren al parque Aguaragüe y el cerro Mallku Khota. Romero dijo que son “temas inherentes” y que en el primer caso, junto a la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG), se trabaja un acuerdo programático. Respecto al cerro Mallku Khota insistió en que existe un diálogo con los ayllus originarios en la zona.
Sobre una posible apertura al diálogo, la autoridad gubernamental expresó la “total predisposición” del Gobierno a entablar una mesa de negociación “sin condiciones”, pero para debatir reivindicaciones de ese sector y no pedidos de “carácter político”.
Al respecto, la presidenta del Comité de marcha, Bertha Bejarano, pidió al Ejecutivo iniciar el diálogo sobre el pliego de demandas, el 25 de mayo en la comunidad de Chaparina, lugar donde indígenas de tierras bajas fueron reprimidos por la Policía en la movilización del año pasado.
“Hoy (lunes) se envió otra carta al Gobierno donde ya se lo está convocando a sentarse en un diálogo en Chaparina para el 25 de mayo (…). Es una convocatoria abierta y se estaría tratando los puntos planteados en la plataforma, uno de ellos es la anulación de la Ley 222 (de Consulta Previa)”, informó Bejarano desde San Borja, donde se encuentra la marcha.
Dirigentes del Sécure en Marcha
Corregidores del Isiboro Sécure aclararon que están en la movilización, y no en el parque, como dijera el Gobierno. Estamos en defensa de nuestro territorio, afirmó Emilio Noza. Carlos Caluya, corregidor de Concepción, dijo que los indígenas no se oponen a la carretera, sino sólo a que pase por el medio del TIPNIS.
Yucumo aún analiza bloquear
La decisión de bloquear la IX marcha en Yucumo aún es analizada por dirigentes de esa localidad. La decisión será tomada entre hoy y mañana. “Esta marcha es ilegítima y hemos denunciado que son financiados por las ONG, por ello estamos analizando bloquear el acceso a Yucumo”, advirtió el dirigente campesino Adrián Lovera.
Indígenas evalúan la respuesta del Ejecutivo
El lunes por la noche, los dirigentes evaluaban la carta remitida por el Gobierno en respuesta al pliego de demandas de la marcha. El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure, Fernando Vargas, dijo que el Ejecutivo sólo se limitó a justificar, con base en ciertos artículos de la Carta Magna, que no atenderá las demandas. “Sólo justificó que no atenderá las demandas y mandó artículos de la Constitución. Queremos que el Gobierno cumpla con la Constitución”, señaló Vargas.
La marcha debió salir el lunes de San Borja, no lo hizo por el mal tiempo. Ayer constataron las malas condiciones de la vía San Borja-Yucumo y la partida fue postergada para mañana. Vargas ratificó la invitación al Gobierno para iniciar el diálogo en Chaparina el 25 de mayo. El lugar es visto como simbólico pues allí, el 25 de septiembre de 2011, la VIII marcha indígena fue intervenida por la Policía.
Financiamiento. Dirigentes de la IX marcha negaron que partidos políticos y ONG financien su movilización y acusaron al gobierno de Evo Morales de “golpista”, por intentar crear una organización paralela a la Cidob. Vargas incluso advirtió que el dirigente que sea hallado solicitando recursos económicos a partidos políticos, comités cívicos y otras agrupaciones debe ser “objeto de denuncia y proceso penal”.
El 8 de mayo, el Gobierno denunció que el Movimiento Sin Miedo (MSM) financia la IX marcha. Un día después la diputada de esta tienda política, Marcela Revollo, admitió el aporte pero mediante la venta de tarjetas. “La IX marcha se financia con aportes y donaciones voluntarias”, señala una resolución de la movilización indígena aprobada el domingo y hecha pública ayer en conferencia de prensa en la plaza principal de San Borja.
Según Vargas, “no se instruyó a ningún dirigente a que solicite apoyo económico”. Revollo reveló que al menos Bs 3.000 fueron enviados a la marcha y que el respaldo del MSM a la movilización siempre fue público. Por otro lado, en la conferencia los dirigentes indígenas acusaron al Gobierno de intentar “dividir” a la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), cuyo presidente, Adolfo Chávez, fue convocado a Comisión Nacional del bloque.
La presidenta del comité de marcha, Bertha Bejarano, sostuvo que el Ejecutivo busca desestabilizar la movilización indígena. Bejarano fue enfática al afirmar que los indígenas del TIPNIS no reconocerán a ningún “dirigente o supuestos directorios paralelos que rompan las estructuras orgánicas, tanto de la Cidob como del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq).
