La Fiscalía General dio curso a una denuncia penal del Defensor del Pueblo contra la fiscal Betty por el delito de incumplimiento de deberes, por negar información sobre la intervención policía del 25 de septiembre de 2011 a la marcha indígena del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en Chaparina.
El boletín de la Defensoría indica que Yañiquez actúo indebidamente ante el requerimiento que la Defensoría del Pueblo hizo para acceder a información sobre los hechos del 25 y 26 de septiembre en Chaparina, cerca de Yucumo en el departamento de Beni.
De acuerdo con la Resolución firmada por el Inspector General, José Santos Sarabia Cuevas, la desobediencia al requerimiento del Defensor del Pueblo no se ajusta a una falta disciplinaria dentro del Ministerio Público, por tanto no se le puede iniciar un proceso disciplinario interno; sin embargo, reconoce que Yañiquez no hizo una cabal interpretación de la norma legal y negó la información que se le solicitó, por lo que corresponde una investigación penal.
“Independientemente a lo manifestado (que la conducta de Yañiquez no se ajusta a ninguno de los tipos disciplinarios de la Ley Orgánica del Ministerio Público) y toda vez que el Defensor del Pueblo en su nota DP 3601/2011 del 15 de noviembre de 2011, denunció el posible incumplimiento de obligaciones de parte de Betty Yañiquez, remítase antecedentes a la Coordinación Nacional de Fiscales Especializados en la Persecución de Delitos de Corrupción a efectos de que esta instancia determine lo que corresponda”, señala dicha Resolución.
El mismo documento señala que “… los artículos 222 num. 4 y el 223 de la CPE, claramente establecen la obligación que tienen todos los servidores públicos de proporcionar información respecto a las investigaciones que realice la Defensoría del Pueblo, sin que puedan oponer reserva alguna (…). En ese entendido, se puede colegir que Betty Yañiquez Lozano no habría dado cumplimiento cabal a lo dispuestos por los artículos 222 num. 4 y 223 de la CPE…”.
El 15 de noviembre de 2011 el Defensor del Pueblo remitió una nota al Fiscal General, Mario Uribe, solicitando el inicio de un proceso y la destitución de la fiscal Betty Yañiquez, por incumplimiento de obligaciones y por obstaculizar el trabajo de la Defensoría del Pueblo en la elaboración del Informe Defensorial sobre la intervención policial a la marcha indígena.
