Un grupo de organizaciones sociales de América Latina y el Caribe demandó ayer a los países de la OEA que garanticen el “funcionamiento no restrictivo” de la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante el pedido de reformas de los países bolivarianos.
“Cualquier propuesta que debilite la función de la relatoría implica atentar directamente contra las víctimas o potenciales víctimas de los abusos de autoridad”, declaró Karina Banfi, secretaria de la Alianza Regional para la Libre Expresión que agrupa a 24 organizaciones de 19 países.
Según Banfi, la propuesta de Ecuador y Venezuela, que incluye un “código de conducta” para los miembros de la comisión, podría afectar a la relatoría en lo que se refiere a su financiación como a la ejecución de sus actividades. “Se pondría en riesgo una práctica que contribuye al mejoramiento de la calidad democrática (…) y reduciría la visibilidad, impacto que tiene este trabajo”, dijo.
