En la mañana de ayer, Guerra presentó su carta de renuncia y denunció “claras intromisiones en el proceso por el Órgano Ejecutivo y, más aún, cuando ni siquiera se tiene el derecho al trabajo con tranquilidad por el permanente seguimiento de ‘masistas’ que he tenido”, según expresa en la misiva de renuncia que presentó.
El presidente del Tribunal de Sentencia, Esteban Monzón, cuando tuvo conocimiento del contenido de la carta de dimisión de Guerra, la rechazó. Pero inmediatamente surgieron los cuestionamientos legales por parte de los abogados de la defensa, quienes presentaron un incidente con el argumento de que esa decisión debería ser tomada en forma conjunta, junto a su colega juez, y no unilateralmente.
Incidente. En horas de la tarde, Monzón, a nombre del Tribunal, comunicó que se decidió rechazar esa solicitud y decretó que Guerra debe continuar ejerciendo funciones hasta que se dicte sentencia. Sin embargo, la defensa planteó otro incidente.
El abogado Adrián Zárate, de la defensa, sostuvo que el juez Monzón no tiene competencia para aceptar o rechazar una renuncia irrevocable de un juez ciudadano. Agregó que debe ser otra instancia superior la que asuma una determinación al respecto. Además señaló que la norma penal no establece con claridad el mecanismo para la renuncia de un magistrado.
Los abogados de la defensa argumentaron su posición por el lapso de más de una hora y pidieron al Tribunal que se declare incompetente, por falta de quórum, y que el caso sea remitido a otro juzgado, para comenzar de fojas cero todo el proceso.
En esa línea, para el abogado Jaime Tapia, una vez que el juez ciudadano presentó su dimisión, el Tribunal se quedó sin quórum y ahora el juez Monzón deberá remitir todos los obrados al Tribunal de Sentencia Segundo para que conforme un nuevo tribunal y comience de cero el juicio.
Al referirse a este tema, el fiscal de distrito, Weimar Guzmán, aseguró que debe respetarse la decisión del Tribunal que determinó rechazar la renuncia de Guerra, para que éste continúe en sus funciones. “No se puede considerar un incidente ya resuelto”, protestó la autoridad y luego sostuvo que las decisiones son obligatorias, y que deben ser cumplidas por todos los involucrados en el juicio; es decir, continuar con el proceso judicial.
El lunes de la pasada semana, el presidente de ese tribunal, Adalberto Gutiérrez, renunció a su cargo y dejó la instancia sólo con tres miembros. En esa ocasión, el exjuez denunció injerencia y presiones por parte de autoridades del Gobierno.
El Ministerio Público abrió un proceso penal contra 16 exautoridades y exdirigentes universitarios de Sucre por agresiones, vejámenes y alzamiento armado durante la jornada del 24 de mayo de 2008, cuando se produjeron enfrentamientos entre campesinos, cívicos y universitarios.
Los acusados en el caso
Procesados
Los enjuiciados en el caso 24 de Mayo por vejámenes a campesinos durante 2008 son la exprefecta Savina Cuéllar, los exalcaldes Jaime Barrón y Aydée Nava, y el exdirigente cívico chuquisaqueño Jhon Cava.
