Con respecto a la concesión de asilo a Pinto por parte del Gobierno brasileño (el 8 de junio), hasta el cierre de esta edición la Cancillería boliviana no había recibido ningún comunicado oficial. Suxo presentó ayer de manera formal el memorial que confirma el retiro del proceso, que fue instaurado el 9 de junio de 2011.
Pinto, en enero de 2011, denunció uso de influencias llevado a cabo por la ministra Suxo en favor de su esposo; acusó además a Jorge Humberto Suxo Iturri, hermano de la ministra, de tener un título profesional falsificado.
Según un comunicado de prensa del Ministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, las denuncias de Pinto contra Suxo nunca fueron formalizadas y probadas ante el Ministerio Público, pese a que la ministra reiteradamente solicitó que las pruebas en su contra sean entregadas a la Fiscalía.
“Voy a desistir de la denuncia presentada por mi persona por el tema de desacato, pese a que no debería hacerlo porque el señor Pinto no ha dado satisfacciones públicas a mi persona y no ha demostrado sus denuncias”, había anunciado Suxo el domingo.
El desistimiento de la ministra Suxo muestra que contra Pinto no hay persecución política, asegura la presidenta de la Cámara de Diputados, Rebeca Delgado (MAS). El proceso contra Pinto “en realidad no es un tema político personal, sino que él tiene temas de corrupción que no tienen nada que ver con el desacato”, subrayó. Suxo afirmó que el vicepresidente Álvaro García también desistirá del juicio por desacato que lleva contra el político opositor.
Asilo. El senador pidió asilo político en Brasil. La oficina de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores del vecino país confirmó la “concesión de asilo” y Pinto está en la embajada brasileña en La Paz desde el 28 de mayo. Pero hasta ayer, el Gobierno no había recibido comunicación oficial de su par brasileño sobre el tema.
Los procesos por desacato que tiene Pinto son seis. Vinculó a autoridades del Gobierno con hechos irregulares como narcotráfico y corrupción. Los afectados decidieron denunciar al legislador por no haber presentado pruebas y haber dañado su imagen.
En abril de 2011, el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti instaló un proceso penal contra Pinto por los delitos de desacato y obstaculización de la justicia. El legislador había acusado a Llorenti de encubrir a funcionarios vinculados al narcotráfico.
El Vicepresidente le inició un juicio por similar causa. Los otros procesos por desacato son el de Suxo, el fiscal Marcelo Soza y la abogada Mary Carrasco. El abogado de Soza dijo que solicitará la anotación preventiva de los bienes de Pinto ante el riesgo de fuga.
Ante la eliminación del delito de desacato en la jurisprudencia de varios países, la presidenta de Diputados, Rebeca Delgado, anunció que esta figura podría ser eliminada con la aprobación de nuevas normas jurídicas que trabaja el Legislativo.
“Determinamos analizar este tipo penal cuando modifiquemos el Código Penal. Hay varios tipos penales que se tendrán que sacar y otros se tendrán que aumentar, como el de los delitos informáticos”, consideró Delgado. Por su parte, en Sucre, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gonzalo Hurtado, consideró que el delito de desacato debe permanecer vigente en el Código Penal de Bolivia.
21 procesos a Pinto
1.- Por desacato, entablado por el exministro Sacha Llorenti, acusado por Pinto de proteger al narcotráfico.
2.- Por desacato, de parte del vicepresidente García, por denuncia de Pinto de que protegía al narcotráfico.
3.- Juicio por desacato, por denunciar corrupción en la familia de la ministra Suxo.
4.- Juicio por desacato, por denunciar a la abogada Mary Carrasco por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
5.- Por incumplimiento de deberes, a denuncia de la ministra Suxo.
6.- Juicio seguido por el hermano de la ministra Suxo, por denuncias de Pinto sobre contratos lesivos al Estado y corrupción pública.
7.- Juicio por incumplimiento de deberes, al salir de la Asamblea en 2005.
8.- Juicio por desacato, por acusar al fiscal Marcelo Soza de delitos judiciales.
9.- Juicio por sedición de parte de la ministra Suxo.
10.- Juicio por desacato y sedición por denuncias en contra de la ministra Suxo.
11.- Juicio por asesinato, por los hechos de violencia en El Porvenir, en 2008.
12.- Juicio por incumplimiento de deberes por desembarcaderos en Pando.
13.- Juicio por la construcción de tinglado en Pando.
14.- Juicio por contribuciones para la Universidad Amazónica de Pando.
15.- Juicio por venta de terrenos en Zona Franca.
16.- Juicio forestal por desmonte en hacienda El Lago.
17.- Juicio forestal por desmonte en hacienda El Lago.
18.- Juicio por desmonte en propiedad Palmares.
19.- Juicio forestal por derribo de dos árboles.
20.- Juicio del Ministerio de Transparencia por ejecución irregular de “Fondos en avance” durante su gestión como Prefecto (2000).
21.- Juicio de la Gobernación de Pando por ejecución irregular de los “Fondos en avance” durante su gestión de Prefecto (2000).
Senador enfrenta cinco juicios forestales
Entre los 21 juicios que enfrenta el senador opositor Róger Pinto, destacan cinco procesos de orden forestal. En uno de ellos es acusado de haber derribado dos árboles en su propiedad, que está ubicada en la frontera con la República de Brasil.
Éste, el último juicio forestal instalado en su contra por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) en agosto de 2011, observa el derribo de dos árboles en su propiedad. Se solicitó ocho años de cárcel para el acusado y una multa de 100 mil dólares.
Al respecto, Pinto dijo que en su propiedad El Lago en varias ocasiones fue objeto de robo de animales y madera. En agosto de 2011 fueron cortados dos árboles con el fin de aprovechar la castaña; aseguró que desconocía quiénes cometieron el acto delictivo.
Los cuatro juicios forestales restantes son por supuestos desmontes en las propiedades El Lago, El Atajo y Palmares. Pinto afirmó que estos procesos se encuentran en el Tribunal Agrario y que son revisados con la nueva Ley de medio ambiente. Por su lado, el diputado del MAS Galo Bonifaz acusó al legislador opositor de haber comercializado madera desde 2006.
El proceso más avanzado que enfrenta Pinto se refiere a la creación de una universidad en Pando. En 2000, cuando era prefecto, como miembro del directorio de la Zona Franca de Cobija autorizó junto al alcalde, cívicos y otras autoridades destinar el 0,5% de los ingresos de la Zona Franca a favor de la casa superior de estudios. Se le acusa de daño económico al Estado, porque estos ingresos habrían sido malversados en la casa de estudios superiores. El juicio por “asesinato” (ver lista) se refiere a la supuesta responsabilidad del legislador en los hechos de violencia de El Porvenir.
