“Son dirigentes oportunistas, delincuentes que están a la cabeza de la marcha, que para nosotros no es legítima”, señaló a La Razón, el jefe de bancada del MAS en Diputados, Roberto Rojas. El senador David Sánchez llegó a calificar de “marcha de los traficantes” a la movilización indígena. Los denunciados o cuestionados son los dirigentes Bertha Bejarano, Fernando Vargas, Marcial Fabricano, Rafael Quispe y Adolfo Chávez.
‘Marcha de traficantes’, según el senador Sánchez (MAS), “porque los dirigentes fundamentalmente están respaldados en tráfico de drogas, en tráfico de madera, en tráfico de lagartos y tráfico de turismo”, según registró la agencia de noticias ANF. Pese a que en casi todos los casos los supuestos delitos fueron cometidos hace años, las denuncias salieron a luz en los últimos meses.
La más reciente denuncia es contra Bertha Bejarano, presidenta del comité de movilización de la marcha, de quien se publicaron documentos sobre su detención en Brasil por tráfico de cocaína. Una vez difundida la denuncia, ayer dos regionales de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) pidieron su renuncia a la presidencia de la Central de Pueblos Étnicos Mojeños del Beni.
El presidente de la Central de Organizaciones del Pueblo Nativo Guarayo (Copnag), Eladio Uraeza, dijo que los estatutos orgánicos de los indígenas no permiten que las personas con antecedentes penales o administrativos puedan acceder a cargos jerárquicos en organizaciones, debido a la estatura moral de los mismos.
La presidenta de la Central de Mujeres Indígenas del Beni (CMIB), Melva Hurtado, señaló que se vieron sorprendidos con la información sobre la implicación de Bejarano en temas de sustancias controladas en 2007.
El tema será parte de la agenda de la Gran Asamblea Nacional de Pueblos Indígenas (GANPI) (8 al 10 de julio), convocada por ocho de 13 regionales de la Cidob. Bejarano negó su participación en los hechos, dijo que no se le logró comprobar nada. “Detrás de esas denuncias está el Gobierno, que busca deslegitimarme”, acotó.
Casos. Otro dirigente acusado es Fernando Vargas, quien, según documentos a los que accedió este medio, figura como beneficiario de 14 mil dólares por la explotación y venta de madera en 1997. Vargas aseguró que se trata de documentos fraguados y que en ningún momento participó de una actividad irregular. Dijo que si bien hubo venta de madera en el TIPNIS se lo hizo bajo planes de manejo forestal aprobados por el Gobierno de entonces.
Por una situación similar fue acusado el ex dirigente de la Cidob Marcial Fabricano, quien ahora integra la IX marcha. Según documentos de la web de la organización (www.cidob-bo.org), el indígena fue parte de la venta de madera mara en el Territorio Indígena Multiétnico (TIM) por un valor de dos millones de dólares. “No son más que estrategias del Gobierno para tumbar a las personas. Hasta ahora nadie ha podido probar mi culpabilidad”, dijo.
El diputado Rojas cuestionó a Rafael Quispe (que también participa en la marcha), porque en su criterio ya no representa al Consejo Nacional de Ayllus y Marcas del Qullasuyu (Conamaq). “Ha sido desconocido por sus bases y no sabemos qué hace en la marcha; además, queremos saber cómo financia todos sus viajes, parece que tuviera un avión”, dijo Rojas.
En cuanto a Chávez, presidente de la Cidob, éste fue ‘desconocido’ por regionales de esa organización. Se le acusa de haber “pactado con la derecha”, por la firma de un convenio con el gobernador cruceño, Rubén Costas. Chávez dijo que con esto el Gobierno trata de formar una Cidob paralela.
Apoyo y rechazo a la marcha
Medida
La Federación Única de Trabajadores Campesinos de Cochabamba, afín al MAS, está en emergencia por la cercanía de la IX marcha a la sede de gobierno. El sector no descarta llamar a una reunión de emergencia para definir medidas a tomar.
Respaldo
Fejuve de La Paz y Oruro, además de otras instancias cívicas de Santa Cruz y Beni, manifestaron su respaldo a la movilización. Anunciaron el apoyo con víveres, alimentos y vituallas.
‘La caminata reúne a 12 de las 13 afiliadas a la Cidob’
Nazareth Flores, dirigente indígena, afirmó que la IX marcha reúne a delegados de 12 de las 13 afiliadas a la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), faltando sólo la Central de Pueblos Indígenas de La Paz (Cpilap).
La marcha es contra la construcción de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos por el medio del TIPNIS y para anular la Ley de consulta. Ayer, los marchistas acamparon en la comunidad Chojña, a 25 kilómetros de Caranavi. Hoy la columna tiene previsto avanzar hasta Challa, 20 kilómetros.
Luego, los marchistas deberán ascender desde una altura de 600 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.600 en los que se encuentra La Cumbre, a la salida de los Yungas. Según el parte médico, una veintena de menores de edad sufren de diarrea y deshidratación. Los mayores son afectados por el cambio de clima y tienen dolores de cabeza y musculares.
Discrepan sobre cuántos corregidores marchan
Al menos 20 corregidores del TIPNIS participan de la IX marcha indígena, según sus dirigentes. Los marchistas respondieron así a cuestionamientos del Gobierno sobre la presencia de pocos corregidores en la movilización.
El presidente de la Subcentral del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), Fernando Vargas, afirmó que el Gobierno desconoce las estructuras orgánicas de los pueblos indígenas: “La presencia de un solo corregidor es la presencia del TIPNIS. Aquí hay 25 corregidores y otros representantes de comunidades”.
Vargas respondía al ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, quien dijo que en la IX marcha sólo están cinco de 63 corregidores del TIPNIS, lo que deslegitima la caminata.
“Este ministro, como el de Gobierno, Carlos Romero, y de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, han hecho todo para dividir a los indígenas”, dijo Vargas. Para Antonio Vargas, corregidor de la comunidad Paraíso, el Gobierno actúa mal. Insistió en que los indígenas no se oponen a la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, sino a que su construcción atraviese el TIPNIS. Además, declaró, “el Gobierno no nos consultó, ha actuado mal”.
La IX marcha salió de Trinidad (Beni) el 27 de abril, y a la fecha lleva 49 días de caminata. Busca anular la Ley 222 de Consulta y que no se construya la vía entre Villa Tunari y San Ignacio por medio del TIPNIS.
