El canciller David Choquehuanca informó que a su despacho ya llegó el comunicado oficial del asilo brasileño a Pinto. Explicó que ante este pedido, no se ha fijado un plazo para enviar una respuesta oficial. Todo se hará por conducto diplomático, dijo.
Por su parte, el presidente de la bancada del MAS en Diputados, Roberto Rojas, fue enfático al señalar que “con los jefes de bancada de los nueve departamentos vamos a hacer un pedido oficial para que el Ejecutivo, a través de la Cancillería, no otorgue el salvoconducto al senador Pinto. Caso contrario, todos vamos a ser cómplices de que algunos disfruten de un asilo político con falsos argumentos”.
Hecho. El senador René Martínez (MAS) anunció además que, como bancada oficialista del Senado, se solicitará a Brasil que vuelva a analizar el asilo otorgado a Róger Pinto. “Podemos hacer una representación ante la Embajada de Brasil para que reconsidere el asilo otorgado a Pinto. Ese será el debate para discutir la aprobación de una minuta para demostrar como Estado boliviano, mediante documentación que será enviada a Brasil, todos los antecedentes que corresponden a delitos de orden común que pesan sobre Pinto”, señaló. Agregó que la minuta incluirá la solicitud de que se realice una auditoría jurídica para demostrar las culpas.
Rojas acotó: “Vamos a mandar una carta a la Embajada de Brasil para que su Cancillería reconsidere el asilo político y pueda revocarlo. Nos indigna el hecho de que dé asilo a alguien que tiene procesos judiciales que deben ser analizados por ese Gobierno”. La pasada semana, Brasil confirmó a Bolivia que concedió el asilo a Pinto, quien denunció haber sido amenazado de muerte y que no confía en la Justicia para recibir el debido proceso.
El Ministerio Público ya emitió una orden de detención en contra del senador opositor por un supuesto caso de corrupción en Pando. Además, Pinto tiene en su contra al menos 20 procesos legales por desacato, difamación y corrupción, entre otros, demandas que se ventilan en tribunales de Cobija, La Paz, Santa Cruz y Sucre. Al respecto, la oposición calificó como “un despropósito y un absurdo” el tratar de impedir que se otorgue salvoconducto al senador para que salga del país rumbo a Brasil.
El canciller David Choquehuanca aclaró que no se requiere otorgar un salvoconducto al opositor, quien está en la Embajada de Brasil, en La Paz, desde el 28 de mayo. “Nosotros damos salvoconducto a los que están afuera. Salvoconducto (necesita) una persona que no tiene documentos y que (no) puede circular en nuestro territorio. El señor (Pinto) tiene documentación”, precisó Choquehuanca.
El Ministro de Relaciones Exteriores agregó que lo que correspondería es “un permiso especial”. “Posiblemente corresponde un permiso especial, pero él (Pinto) tiene varios procesos penales y hay norma internacional (para) quienes son merecedores del asilo político, y eso tiene que analizar el Brasil, en todo caso”, sostuvo.
Algunos detalles
Desacato
El vicepresidente Álvaro García Linera y la ministra Nardi Suxo desistieron de las denuncias por desacato contra Pinto, para que el legislador —dijo García— no tenga una excusa para no defenderse ante la Justicia y no diga que hay persecución política contra él.
El Conare de Brasil está formado por 9 instancias
Un documento oficial del Comité Nacional para los Refugiados (Conare) brasileño explica que éste se halla conformado por nueve instituciones que tramitan la protección y la asistencia para los refugiados y asilados en ese país.
El comité está compuesto por representantes de los ministerios de Justicia, Asuntos Exteriores, Trabajo, Sanidad y Educación, así como del Departamento de Policía Federal y de Caritas Arquidiocesana, una ONG que lleva mucho tiempo dedicada a la protección y asistencia de los refugiados en este país. ACNUR interviene como observador.
Norma. Al amparo de la Ley sobre Refugiados, los solicitantes de asilo en Brasil tienen derecho a trabajar, a residir temporalmente en el país y a utilizar servicios de salud y educación hasta que se tome una decisión sobre su caso.
También se les permite moverse libremente por el territorio. Obtienen asistencia durante el procedimiento de asilo a través de una red formada por unas 96 organizaciones de la sociedad civil, en estrecha colaboración con el Gobierno y ACNUR. Los solicitantes pueden disponer de viviendas, clases de lengua y asistencia en varios estados del país vecino.
Oposición ve riesgo para relación bilateral
Legisladores de oposición advierten que el hecho de no dar el salvoconducto al senador Róger Pinto constituye una violación a sus derechos humanos y a los tratados internacionales; asimismo, aseguran que esta acción pone en riesgo las relaciones con Brasil. El diputado Adrián Oliva no descartó que la relación entre Bolivia y Brasil se vea afectada tras el anuncio del MAS de pedir que la Cancillería no otorgue el salvoconducto al legislador opositor.
“El pedido de salvoconducto no ha sido formulado por una persona, sino por el Estado brasileño; esto puede tener consecuencias. Así, se puede confirmar que en Bolivia no existe ninguna garantía ni siquiera para la aplicación del derecho humanitario” afirmó el legislador opositor.
En esa línea, su colega Luis Felipe Dorado, jefe de bancada de CN, dijo que de no otorgar el salvoconducto a Pinto, el presidente Evo Morales debería revisar la situación del peruano Wálter Chávez, que está asilado en Bolivia desde 1992, acusado en su país de participar en actos terroristas.
Las declaraciones surgieron luego de que el senador brasileño Sergio Petecao, del estado de Acre, pidió a su gobierno endurecer su posición respecto a Bolivia, pues en su criterio, es una falta de respeto que no se otorgue salvoconducto a Pinto para ir a Brasil.
Con relación a las declaraciones del parlamentario brasileño del Partido Social Democrático, de tendencia liberal, el senador Adolfo Mendoza le pidió no interferir en asuntos de política interna. “El señor brasileño debería considerar en sus intervenciones no inmiscuirse en asuntos internos de Bolivia y no pretender que las relaciones entre ambos países se tensionen. El caso del senador Pinto corresponde a las instancias diplomáticas y se debe procesar a ese nivel”, expresó Mendoza.
