El país está ante la segunda fase de un “proceso golpista” contra el Gobierno, señaló el vicepresidente Álvaro García. Una fase en que policías amotinados quieren generar víctimas fatales. Los aludidos rechazan la acusación e insisten en la existencia de infiltrados en su protesta.
En rueda de prensa, García admitió que el Ejecutivo tiene la capacidad operativa para retomar el control de la situación, pero, añadió, no va a provocar enfrentamientos. Identificó a un pequeño grupo de movilizados —concretamente seis, dijo— quienes a través de la movilización policial persiguen intereses personales para lograr desestabilizar la gestión de Evo Morales.
“Hoy estamos en la segunda etapa del proceso golpista (…) Quieren provocar muertos y no los van a tener, ellos quieren muertos y el Gobierno quiere la paz y el diálogo (…) Hay malos policías que quieren ensangrentar el país”, sostuvo García.
La autoridad denunció una “estrategia conspirativa” tras recibir informes de Inteligencia y grabaciones de radio donde los amotinados hablaron de “limpiar” (matar) a militares y al ministro de Gobierno, Carlos Romero. “Han hablado de preparar bombas molotov para atacar instituciones, han hablado de asesinar a los ‘plomos’, es decir a militares, han hablado de limpiar (matar) al ministro (de Gobierno Carlos) Romero”.
Reacción. La acusación fue rechazada por el dirigente de la Asociación de Suboficiales, Clases y Policías (Anssclapol), sargento Javier Quispe, quien aseguró que la movilización no busca desestabilizar al Gobierno.
“No buscamos derrocar al presidente Evo Morales. Esas acusaciones de golpe (de Estado) no son ciertas y sólo buscan desprestigiar nuestra movilización. Acá hay infiltrados que quieren teñir la protesta”, dijo Quispe, quien retomó el liderazgo del motín después de que los movilizados desconocieran a anteriores representantes por firmar un acuerdo con el Gobierno sin consultar a las bases.
Utilizando información policial, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que el actual motín fue estructurado desde septiembre de 2011 por grupos de expolicías y uniformados con procesos administrativos.
“Este motín, de acuerdo a la información que hemos ido recabando, se empezó a preparar en septiembre del año pasado; hubo reuniones, coordinaciones, se estableció nexos con afanes político-desestabilizadores”, dijo Romero a la televisora red Uno. García, además, denunció que existe gente vinculada a Unidad Nacional (UN) alentando el descontento en filas de la Policía boliviana.
El secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Trujillo, reprochó los actos violentos que generó el motín policial y afirmó que su sector no aceptará un posible golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. “La COB no aceptará ninguna desestabilización de un proceso democrático que hemos construido desde octubre de 2003”, afirmó Trujillo.
Ayer, legisladores de la bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) de La Paz se declararon en estado de emergencia en apoyo al gobierno del presidente Evo Morales. Asimismo, en un ampliado de emergencia, organizaciones campesinas afines al Gobierno determinaron declararse “en vigilia permanente en defensa de la democracia”, y crearon un Estado Mayor “para defender el proceso de cambio”. A esta decisión se sumaron los fabriles.
Respaldos de la región
Llamados
La Asamblea Nacional del Ecuador pide a la comunidad internacional prestar atención “a las amenazas que se ciernen sobre el proceso democrático en Bolivia”. El dirigente de la Central de Trabajadores de la Argentina, Raúl Calamante, protestó contra “intentos golpistas” que hay en Paraguay y “nuevamente en Bolivia”.
Catavi y Huanuni respaldan la democracia
Los sindicatos de trabajadores mineros de Catavi y Huanuni expresaron su respaldo al actual proceso democrático, ante “cualquier intento golpista de la derecha empresarial”. Para el sindicato de la Empresa Minera Catavi, el “proyecto golpista de la derecha” utiliza “a los policías de nuestro país, los llamados marchistas del TIPNIS y otras instituciones que están en el afán de derrocar a un gobierno popular, argumentando reivindicaciones salariales y sociales”.
Por su parte, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni afirma que es la “derecha gonista y fascista, financiada por las transnacionales privadas (la que) pretende utilizar los conflictos sociales para consumar un golpe de Estado en Bolivia”.
Frente a esta arremetida, ambas organizaciones recuerdan que “la recuperación de nuestras libertades democráticas fue producto de la lucha de los trabajadores mineros y pueblo en general”. Mientras Catavi se declara en estado de emergencia, “en apoyo a nuestro Gobierno legalmente constituido”, Huanuni insiste en que “cada milímetro del avance del pueblo se debe preservar”.
Otras organizaciones del país manifestaron mediante un pronunciamiento conjunto su rechazo a la “actitud antidemocrática de la Policía”. Representantes de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, de la CSUTCB y de la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa firmaron la declaración.
