Un grupo de archivistas, bibliotecólogos e historiadores exigió ayer, mediante un comunicado, que las “instancias estatales” evalúen los daños causados al archivo institucional del Tribunal Disciplinario de la Policía Nacional e iniciar los procesos para sancionar a los responsables de la quema de esos documentos.
“Exigimos a las instancias estatales, en el marco del ordenamiento jurídico-administrativo vigente, evaluar los daños causados a la documentación y velar que esta acción no quede impune, como otras tantas que ocurrieron en el pasado de destrucción de la memoria y del patrimonio documental”, señala del documento.
Este colectivo de profesionales ligados a la conservación de archivos, también denunció que la acción de los policías fue premeditada, pero advirtieron que existen formas para reponer los expedientes de delitos y transgresiones disciplinarias que se investigaban y que, al parecer, buscaban eliminar los uniformados.
Los hechos que denuncia ese grupo de archivistas se refieren al asalto y quema de las oficinas de la Dirección General de Investigación Policial Interna (Digipi), ubicada en la Plaza de la Merced y calle Colón, que ocurrieron durante el motín policial que demandaba como principal medida la elevación de sus salarios básicos.
“Denunciamos que los efectivos policiales, al haber obrado de manera premeditada y planificada para atentar contra su propia memoria institucional, han actuado al margen de la Constitución y del ordenamiento jurídico” y son pasibles a ser procesados por delitos penales con hasta seis años de privación de libertad.
Dijeron que el 22 de junio de 2012 será recordado como el Día Ignominioso de la Destrucción de la Memoria Policial, a manos de sus propios interesados.
