“En realidad esa empresa no existe, porque no está dedicada a la fabricación de espadines; son otros rubros con los que trabaja, de transporte y ferretería. Se hizo una inspección y también se demostró la mala calidad de los espadines”, afirmó Mary Eva Vacaflor, senadora suplente del MAS.
La legisladora, junto a otros colegas, entre senadores y diputados, en enero de este año, presentaron la denuncia formal contra Rojas, quien en 2010 habría gestionado la adquisición de 400 espadines para el Colegio Militar y para ello solicitó Bs 400 mil, sin embargo, sólo compró 300 y llegó a pagar un total de Bs 402 mil.
Según la Fiscalía, el pedido debía ser entregado en 90 días, en 2010, pero se lo hizo desde diciembre de 2011, con un presunto sobreprecio. Tras la indagación preliminar, imputó al jefe militar por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Según documentos a los que accedió La Razón, la importadora contratada por Rojas, entonces comandante del Colegio Militar (2010), pertenece a Pedro Rojas Pachi, pero los denunciantes comprobaron que en la calle Antonio Barba N° 53 de la zona Los Amigables, en Santa Cruz, “no se encuentra ubicada la empresa” que cobró por el trabajo.
Postura.“No está en esa dirección, por tanto hubo muchas anormalidades”, afirmó la senadora. Moisés Ponce de León, abogado del general Rojas, sostuvo que la imputación de la Fiscalía quedará sin efecto porque el Ministerio de Defensa certificó que el jefe militar no tiene cuentas pendientes con el Estado.
Esa cartera de Estado aprobó, mediante el informe DGAA.UF.SC.DC N° 77/12, fechado el 2 de julio de 2012, el descargo presentado por Rojas por la fabricación de 300 espadines, situación que dejaría sin efecto el proceso abierto en el Ministerio Público, agregó el jurista, según reportó la ANF.
En tanto, el fiscal del caso, Marco Antonio Rodríguez, dijo que el informe de descargo deberá ser evaluado, pero que el proceso sigue su curso. En la misma línea, la senadora Vacaflor explicó que la ley debe cumplirse y que la autoridad tendría que pedir licencia para poder defenderse.
La fiscalía ratifica la imputación
Decisión
El fiscal del caso, Marco Antonio Rodríguez, reiteró a La Razón que “sí se presentó la imputación” y que “sigue su curso, y que el juzgado respectivo solicitará la medida cautelar en su momento, cuando vuelva de las vacaciones”.
Proceso
En enero de este año, nueve asambleístas, entre diputados y senadores, denunciaron a Rojas. En mayo, el Ministerio Público abrió una investigación penal a cargo de la fiscal Verónica Arancibia.
