“Se va a pedir un arraigo, una detención domiciliaria y la prohibición de comunicarse y de asistir a determinados lugares. Las medidas sustitutivas son medidas restrictivas que van a impedir que el imputado ejerza cierto poder de dominio sobre otras instituciones”, explicó Marco Rodríguez, fiscal asignado a este caso.
El representante del Ministerio Público añadió que la solicitud se la hará en la audiencia de medidas cautelares que deberá ser fijada por el titular del Juzgado 5° de Instrucción en lo Penal, tras concluir la vacación judicial.
“El señalamiento se hará una vez terminado el receso, previsto hasta el 17 de julio. Las (medidas) cautelares tienen como finalidad el aseguramiento de que el imputado se va a someter al proceso, al desarrollo del mismo y a la aplicación de la ley”, afirmó el fiscal.
Rodríguez informó que, en este caso, no corresponde una detención preventiva, ya que no considera necesaria una medida “tan gravosa”, toda vez que se trata de una autoridad militar. “Ha llegado a la cima en su profesión y obviamente esto podría repercutir negativamente en su estatus profesional”, sostuvo.
En enero, un grupo de siete asambleístas denunció al jefe militar por la compra irregular de espadines. El Ministerio de Defensa desembolsó Bs 400 mil para comprar 400 unidades, pero sólo se entregó 300 y fuera del plazo, según manifiesta la Fiscalía.
El 22 de junio se presentó la imputación formal contra Rojas por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Caso. El abogado de Rojas, Moisés Ponce de León, negó un sobreprecio y justificó el monto por el elevado costo de la materia prima; asimismo, dijo que ya se “subsanó” ante la cartera de Defensa el cargo de cuenta, por tanto no tiene deudas con el Estado.
Al respecto, el fiscal Rodríguez indicó que este descargo será analizado como parte de los elementos de convicción para, luego, sustentar la acusación o eximir de responsabilidad al imputado.
