«El Presidente ha pedido a la ministra Nardi Suxo que incluyamos en la clausula de contrato con cualquier nueva empresa, para que cualquier empresa que sea detectada en actos de soborno a cualquier funcionario público inmediatamente tenga sanciones económicas y penales. Estamos pidiendo que se incorporé en los nuevos contratos una boleta de garantía anticorrupción», informó en conferencia de prensa.
García Linera explicó que se tomó esa decisión, tras las denuncias de una supuesta adjudicación fraudulenta para la construcción de la Planta de Separación de Líquidos de Río Grande, que involucra a Gerson Rojas y Agustín Ugarte, altos funcionarios de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).
«Lamentar este tipo de actos dolosos en contra de los recursos y los intereses del Estado», complementó.
En esa dirección, aseguró que se establecerán sanciones económicas y penales duras, si se comprueba esas denuncias y los supuestos actos de corrupción en la estatal petrolera.
«La diferencia entre el buen y mal gobernante radica en si sanciona, castiga o encubre y nosotros hemos dado muestras que tenemos la decisión y la voluntad política de sancionar al corrupto», sustentó.
El presidente de YPFB Corporación, Carlos Villegas, instruyó el pasado 22 de junio a los equipos jurídicos y de transparencia de esa entidad iniciar el proceso de investigación por uso indebido de bienes del Estado, a raíz de la triple colisión de una movilidad Toyota, el 17 de junio, conducida por Gerson Rojas en la localidad de Yapacaní, en Santa Cruz.
De esa investigación, se destapó las sospechas de actos irregulares de esos dos funcionarios, que fueron imputados y encarcelados en el penal de Palmasola de Santa Cruz.
