La providencia de notificarles con la imputación del Ministerio Público fue emitida por el juez 9° de Instrucción en lo Penal Cautelar, Jorge Castillo, el 18 de junio, luego de que la comisión conformada por los fiscales Aldo Ortiz Troche y Patricia Santos presentara la imputación contra los dos jefes policiales que participaron en el desbloqueo de la ruta La Paz-Caranavi entre el 7 y 8 de mayo de 2010.
Durante esas acciones policiales perdieron la vida Fidel Hernani y David Calizaya. La Fiscalía presentó una imputación contra cinco coroneles, en principio, pero la misma fue anulada en septiembre del año pasado, debido a incidentes que plantearon los acusados porque, por ejemplo, no se abrieron los sobres periciales.
Acusación. En la nueva imputación presentada ante el juez Castillo, la comisión de fiscales sostiene que por la participación de ambos jefes policiales en esas jornadas se les imputa por el delito de homicidio.
Se sostiene, además, que “durante las investigaciones preliminares se ha realizado las actuaciones oportunas y se tiene acumulados indicios que ilustran de manera clara la existencia del hecho investigado y de haberse cometido los ilícitos”, por parte del general (r) Farfán y el coronel Tórrez.
Cuando se registraron ambas muertes, Farfán ocupaba el cargo de comandante departamental de la Policía en La Paz y Tórrez era su subcomandante. A la fecha, el primero se halla retirado de la carrera policial porque alcanzó el grado de general y fue el comandante general de la Policía. Actualmente ejerce la abogacía de modo particular. En tanto, Tórrez ahora es el director nacional de Seguridad Penitenciaria, cargo del que privados de libertad del penal de San Pedro (La Paz) piden destituirlo.
Con relación a los hechos registrados en Caranavi, durante 2010, la comisión de fiscales indica que el excomandante de la Policía se dirigió a esa localidad para despejar el camino que estaba bloqueado por campesinos. “Es en ese ejercicio (bajo su dirección) que fallece Fidel Mario Hernani”, un joven de 19 años que estudiaba Contaduría y resultó herido durante el operativo, alrededor de las 18.45 del 7 de mayo.
Por la gravedad del caso se dispuso trasladarlo al Hospital de Clínicas de La Paz, donde falleció al día siguiente, en la Sala de Emergencias.
En esas circunstancias también resultó herido Farfán, por lo que debió dejar Caranavi y dejar el mando en manos de Tórrez, quien continuó con el operativo en el acceso y la salida de la población, el 8 de mayo de 2010. Producto de esa incursión resultó muerto David Calizaya Mamani, de 17 años, con impactos de proyectiles múltiples de arma de fuego, de acuerdo con la imputación.
Cautelar. En ese marco, los fiscales solicitaron al juez que señale fecha y hora para la audiencia cautelar y que en ese acto se determinen las medidas sustitutivas a la detención preventiva, como la presentación dos veces por semana, ya sea ante el Ministerio Público o ante el juez, arraigo ante las oficinas de Migración, no comunicarse con los familiares de las víctimas ni testigos y una fianza económica con el propósito de asegurar la presencia de los acusados en el transcurso del proceso.
Según documentos a los que tuvo acceso La Razón, el 15 de junio, la comisión de fiscales solicitó al juez diez días hábiles para pronunciarse respecto al resto de las personas investigadas en el caso.
Ese plazo vencía el 2 de julio, pero debido al receso judicial que empezó el 29 de junio y pese a que el Juzgado 9° se halla de turno, se prevé que se cumpla este 17 de julio, cuando se reanuden las labores judiciales. Los otros jefes policiales que formaron parte de la imputación inicial son los coroneles Carlos Saravia Samolenko, Andrés Romero Rojas, Julio Cruz Vera y Cristóbal Ramos.
Desbloqueo en la ruta a Caranavi
Reclamo
La intervención policial del 7 y 8 de mayo de 2010 saldó con 29 heridos, además de los dos muertos. La población de esa zona pedía la instalación de una planta de cítricos y bloqueó el camino a Caranavi por casi dos semanas.
Pesquisas
Por los sucesos del 7 y 8 de mayo de 2010 emergieron nueve procesos denominados “Caranavi”, entre ellos el caso 4217/10, que estuvo paralizado desde septiembre de 2011.
