Los indígenas que participaron de la IX marcha en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) gestionan la presencia de organismos internacionales en la consulta que el Gobierno pretende realizar en la zona.
Nelly Romero, vicepresidenta de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), dijo que conversan con funcionarios que trabajan en defensa de los derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización de Estados Americanos (OEA) para que verifiquen cómo se vulneran sus prerrogativas.
“Queremos que la comunidad internacional sea testigo de la violación de los derechos de los pueblos indígenas al imponer la consulta para aprobar la construcción de la carretera por medio del TIPNIS”, sostuvo.
También se espera la presencia de representantes de la Coordinadora de las Organizaciones Indígena de la Cuenca Amazónica (COICA). “Esta entidad estará en el TIPNIS y constatará los abusos del Órgano Ejecutivo al intentar imponer la vía y la creación de una Cidob paralela para limpiar la imagen del Gobierno”, dijo Romero, en alusión a la reciente elección de Meva Hurtado como máximo representante de esa institución.
Los indígenas preparan un cabildo para mañana en el que diseñarán las estrategias para resistir a la consulta. Según Romero, del cabildo participaran alrededor de 1.000 personas a nombre de las 13 regionales que conforman la Cidob. “Estarán los verdaderos dirigentes de las organizaciones, quienes asumirán una posición frente a esta arremetida”.
La dirigente reiteró que se trabajará en cuatro comisiones que resguardarán los ríos de acceso al territorio indígena, “se bloquearán los afluentes para que personeros del Gobierno no lleguen a nuestros pueblos”. Agregó que la presidenta de la IX marcha, Bertha Bejarano, junto a otros dirigentes, se desplazaron al TIPNIS. “Ellos recorrerán las más de 60 comunidades para informar sobre el abuso cometido por el Ejecutivo”.
Por su parte, en La Paz, la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, afirmó que no hace falta modificar la Ley 222 de Consulta, en caso de que se cambiara la fecha para comenzar el proceso, prevista para el 29 de este mes. La consulta “no establece un cronograma cerrado”, afirmó, según un reporte de la agencia ABI.
La semana pasada, el vicepresidente Álvaro García abrió la posibilidad de postergar el inicio de la consulta a fin de “lograr un mayor consenso entre las comunidades”.
