Cualquier cambio al cronograma de la consulta será viable en la medida que respete la fecha límite o de conclusión del trabajo, 19 de agosto, afirmó ayer el Gobierno. Para el 29 está previsto el inicio del proceso que —según dirigentes que defienden el TIPNIS— será resistido desde varios frentes.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó que cualquier cambio debe operarse en los 22 días dispuestos para la consulta sobre la intangibilidad o no del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). La respuesta definirá si se construye la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos, que atraviesa el parque.
El vicepresidente Álvaro García Linera abrió, el 12 de julio, la posibilidad de diferir el inicio del proceso. “No debemos casarnos con las fechas”, expresó, aunque dejó a las autoridades responsables del área tomar la decisión más aconsejable.
El dirigente del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Gumercindo Pradel, a favor de la carretera por medio del territorio indígena, demandó iniciar la consulta en los plazos definidos, mientras que la dirigencia de la marcha opuesta al proyecto anunció que concertan acciones de resistencia.
El cronograma del Ministerio de Obras Públicas establece que la consulta en el TIPNIS será entre el 29 de julio y el 19 de agosto. Del 20 de agosto al 3 de septiembre se elaborará el informe y el 6 de septiembre se presentarían los resultados.
“Cualquier pedido de cambio de la fecha de inicio de la consulta se puede atender, siempre que se mueva dentro del día límite que establece la Ley 222”, insistió Romero, quien firmó acuerdos con 45 de 63 corregidores de la reserva natural. El dirigente de la marcha, Fernando Vargas, aseguró que no todos los firmantes eran dirigentes.
Los marchistas llegaron a La Paz el 27 de junio, tras 62 días de movilización desde Trinidad. El 10 de julio decidieron retornar a sus lugares de origen y desde allí resistir la consulta, porque el Gobierno no atendió su demanda de anular la Ley 222. Los condicionamientos impidieron el diálogo entre las partes en conflicto.
Adolfo Chávez, quien fue desconocido como dirigente de la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), informó ayer —tras una reunión de la dirigencia de la marcha en Santa Cruz— que planean privar de suministros a funcionarios del Gobierno que ingresen al TIPNIS. “Con todos los víveres que les lleguen vamos a hacer cada día una olla común, hasta que se queden sin nada, sin agua y se regresen”, advirtió. Un cabildo definirá hoy otras acciones que se ejecutarán.
Edwin Vásquez, responsable de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, asistió a la reunión y expresó su rechazo a la nueva directiva de la Cidob, liderada por Melva Hurtado.
Romero expresó su confianza en que la mayoría de los corregidores garantizará la consulta. Empero, la dirigente indígena Nelly Romero anunció que habrá rechazo. “El Gobierno ha dicho que somos unos salvajes, entonces vamos a defender nuestro territorio de manera salvaje”, indicó.
Conflicto por el TIPNIS es denunciado en Colombia
Indígenas de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú denunciaron en Bogotá atropellos y genocidios que sufren sus pueblos, en la jornada inicial del III Congreso Ordinario de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI). Los de Bolivia, por ejemplo, denunciaron el caso TIPNIS.
Los originarios acusaron a los gobiernos de turno de casos específicos de vulneración de sus derechos. Los indígenas, en el caso de Bolivia, se oponen a la construcción de la carretera que cruzará el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), la que pretende ser implementada por el presidente Evo Morales, tras la realización de una consulta.
También denunciaron al Gobierno por el conflicto de la mina Mallku Khota en Potosí, pues no aceptan la presencia de una empresa minera que proponía la explotación de mineral amenazando contaminar el agua que usan para la agricultura; la mina terminó por ser revertida al Estado y el proyecto de explotación continúa en pie.
Aparte, acusaron al gobierno peruano de Ollanta Humala de autorizar explotaciones mineras con la consiguiente contaminación. Los gobiernos de Colombia y Ecuador también recibieron denuncias.
