Según los datos que figuran en el cuaderno de investigaciones del Ministerio Público, existió un plan operativo que fue denominado “Caranavi” y que indicaba el lineamiento sobre el que tenían que actuar los policías que fueron a esa localidad para intervenir un bloqueo de caminos, en mayo de 2010.
“Estamos hablando de que existe un plan en el cual se ha dado directrices totalmente concretas, como es la no utilización de armas de fuego”, señaló la fiscal Patricia Santos Cabrera, quien dirige las pesquisas del caso junto a su colega Aldo Ortiz Troche.
No obstante de ese plan, el resultado de los operativos policiales realizados entre el 7 y 8 de mayo de 2010 fue la muerte de los jóvenes Fidel Mario Hernany y David Calizaya, bajas que se debieron a impactos de proyectiles de armas de fuego y evidencian que el plan no se ejecutó al pie de la letra.
El 7 de mayo de 2010, en el lugar de los hechos se encontraba al mando Ciro Óscar Farfán, quien tenía el grado de coronel y fungía como comandante departamental de la Policía. El 8 de mayo, debido a que Farfán había resultado herido en esa incursión policial y fue trasladado a La Paz, se quedó en el mando el coronel Roberto Tórrez, según el Ministerio Público.
“Ambas personas han asumido la responsabilidad de la ejecución de ese plan operativo”, indicó Santos, quien justificó así el hecho de que se haya presentado una imputación formal contra ambos jefes policiales. “El marco jurídico de investigación es homicidio, que es lo que provisionalmente se ha calificado”, argumentó.
Aparentemente se realizó un control para evitar el uso de armas de fuego en la zona, sin embargo el resultado fue el fallecimiento de dos personas y ello hace suponer al Ministerio Público que fue a consecuencia del incumplimiento de este plan operativo. Santos reveló que a más de dos años de la muerte de esos dos jóvenes, no hay un informe formal de los fiscales que estaban en la zona en ese entonces.
Informe. “Los fiscales no han elevado un informe hasta el presente, sin embargo, han hecho conocer de manera verbal a la comisión que ha sido un hecho bastante duro, porque lo han vivido”, dijo Santos. De acuerdo con la representante del Ministerio Público, éstos habrían manifestado que se cumplió con todas las formalidades establecidas en la ley.
El operativo policial se dio porque la ruta a Caranavi estaba bloqueada por más de dos semanas en demanda de una planta de cítricos para la zona. Hasta ayer, el Juzgado 9° de Instrucción en lo Penal Cautelar no fijó día y hora para la audiencia cautelar de los jefes policiales citados, la última actuación de ese juzgado fue ordenar que se los notifique con la imputación, en la que se solicita medidas sustitutivas a la detención preventiva, como la presentación dos veces por semana, ya sea ante la Fiscalía o ante el juez, arraigo, no comunicarse con los familiares de las víctimas ni testigos y una fianza económica para asegurar la presencia de los acusados en el transcurso del proceso penal.
Respecto a la situación de los otros investigados, Santos señaló que se tiene una ampliación de querella contra el general (r) Óscar Nina y el exministro de Gobierno Sacha Llorenti. Si se halla indicios que vinculen de manera directa esas muertes con una conducta activa o alguna omisión en la que hayan incurrido ambos, ameritará una imputación, según la fiscal, pero ese extremo todavía está en investigación.
Se podría ampliar la imputación
Plazos
El 15 de junio, la comisión de fiscales del caso Caranavi solicitó al juez 9° de Instrucción en lo Penal, Jorge Castillo, diez días hábiles para pronunciarse respecto al resto de las personas investigadas. Considerando el receso judicial, el plazo vencía ayer.
