En un informe del 24 de agosto de 2010, el comandante del Colegio Militar, entonces coronel Rojas, sugirió al Director General de Asuntos Administrativos del Ministerio de Defensa la posibilidad de “renovar” 400 espadines, debido al “mal estado” en que se encontraban esas armas blancas.
Para ello sugirió al artesano Antonio Acarapi, argumentando que “existe una sola empresa nacional” que puede hacer ese trabajo. Pero el 22 de noviembre de 2010 contrata a Import-Export Rojas para la fabricación y pese a que su cotización era más alta que la de Acarapi. Estos aspectos fueron motivo de investigación por parte del Ministerio Público que resolvió, el 22 de junio, imputar al jefe militar por presunta comisión de los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
No obstante, hace dos semanas en una entrevista con este diario, Rojas negó que haya hecho la solicitud de fabricación de los espadines y menos haber especificado una cantidad.
“Fue una solicitud del general Antonio Cueto, un año antes (2009), y en la siguiente gestión, al hacerme cargo del Colegio Militar, seguí con el pedido, pero en ningún momento se habló de una cantidad específica de espadines. Curiosamente, el 27 de octubre de 2010, el Ministerio de Defensa me desembolsa 400 mil bolivianos, sin especificar cuántos espadines debo mandar a hacer. Yo sólo cumplí con una orden e hice el respectivo descargo”, aseguró.
Empero, el informe DGAA-UF-PPTOS. N° 163/10, del Ministerio de Defensa, fechado el 26 de agosto, recomienda atender la solicitud de 400 espadines que hizo Rojas, con un financiamiento de 400 mil bolivianos del TGN, mediante una contratación por excepción.
Ahora, la imputación está en manos del fiscal anticorrupción Marco Rodríguez, quien la pasada semana dejó abierta la posibilidad de modificar la resolución luego que el militar presentó descargos que hizo ante la cartera de Defensa, que dan cuenta que ya no tendría deudas con el Estado.
