El Gobierno, a través de la ministra de Comunicación, Amanda Dávila, acusó al embajador del Brasil en Bolivia, Marcel Biato, de asumir “una vocería política” en el caso del senador opositor Róger Pinto, quien espera un salvoconducto para acogerse a un asilo político en el vecino país. Añadió que el Ejecutivo no cederá ante lo que consideró “una presión de un embajador”.
La posición de la administración del presidente, Evo Morales, es expresada en respuesta al pedido del embajador brasileño en La Paz de “zanjar” el caso del asilo político del legislador. “Nuestras relaciones son muy sólidas, pero trataremos de evitar que se creen problemas que se pueden volver delicados”, expresó el lunes el diplomático.
Dávila afirmó que el gobierno de Dilma Roussel “ha cometido un error” al acceder al pedido de Pinto, quien permanece desde el 28 de mayo en oficinas de la legación diplomática a la espera del salvoconducto que le permita salir rumbo a Brasil.
“No cederemos ante una presión de un embajador que en este momento está asumiendo una vocería política y no un papel de diplomático como tiene que ser; esa es la situación en el caso del embajador, por eso hemos lamentado y deplorado sus declaraciones», cuestionó la ministra.
El legislador por Convergencia Nacional (CN) denunció persecución política, hecho que fue rechazado por diferentes autoridades de Gobierno. La Fiscalía emitió una orden de detención en contra del senador por un supuesto caso de corrupción en Pando.
La ministra de Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, retiró la denuncia por desacato que le instauró al senador, quien tiene al menos otros 20 procesos, entre ellos por difamación y corrupción.
“Si a Pinto le han abierto las puertas (en Brasil), que tengan paciencia hasta que se resuelva el problema”, sostuvo Dávila en una conferencia de prensa en la Vicepresidencia. Añadió que “no está decidido que se convoque al embajador, sin embargo la Cancillería hará la comunicación al Gobierno de Brasil», sostuvo.
