La ministra de Transparencia, Nardi Suxo, afirmó ayer que cualquier autoridad boliviana que autorice el salvoconducto para el senador de Convergencia Nacional, Róger Pinto, y le permita salir del país, incurriría en un delito, por lo cual será procesada en la Justicia.
Según Suxo, que citó la Convención Interamericana de Derechos Humanos, no es lícito dar asilo en legaciones a quienes tengan delitos comunes, que estuvieran procesados o hubieran sido condenados por tribunales ordinarios.
“El Canciller incurriría en la figura de incumplimiento de deberes, porque no estaría respetando el proceso ordinario que se sigue al señor Pinto por delitos comunes y (así también) cualquier autoridad que suscribiera un salvoconducto de esta naturaleza”, dijo.
