La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, reconoció a La Razón que es “muy difícil” que la administración de Dilma Rousseff dé marcha atrás con respecto a la cesión de asilo político a Pinto, quien está en la embajada brasileña en La Paz desde hace 59 días a la espera de un salvoconducto.
La administración de Evo Morales, según Dávila, tampoco dará marcha atrás. La ministra ratificó que el Gobierno no puede otorgar el salvoconducto a Pinto, ya que éste tiene una orden de detención en su contra por un proceso en el que es acusado de corrupción en Pando. Además, al senador opositor tiene abiertos 22 procesos legales por desacato, difamación y corrupción.
Entonces ¿cuál es la solución al caso Pinto? Dávila expone la visión del Gobierno: “Brasil no retrocederá y Bolivia se acogerá a la normativa internacional (…) La única posibilidad que queda es que el señor Róger Pinto salga de la embajada (de Brasil) por voluntad propia y asuma su defensa en los tribunales”, sentenció.
Recordó que el opositor no enfrenta juicios políticos sino procesos comunes. “Eso impide a que el Estado le dé el salvoconducto, ya que tiene juicios por delitos comunes”, dijo Dávila.
La posición del Ejecutivo es respaldada por el MAS en la Asamblea Legislativa. El senador René Martínez afirmó que la única salida al problema de Pinto es que el legislador enfrente sus procesos legales. “¿Qué queda? Pues que el senador Pinto asuma defensa ante la justicia boliviana y deje la embajada brasileña”, puntualizó.
Misiva. En la carta que envió Pinto al presidente Evo Morales, el legislador explica que ante la negativa del salvoconducto permanecerá en la Embajada de Brasil. “Su decisión (de no dar salvoconducto) señor Presidente no me sorprende ni me acongoja, porque me deja en el lugar que amo, donde he nacido y quiero morir”, escribió.
Por su parte, el senador de Convergencia Nacional (CN) Luis Pedraza afirmó que Brasil debería hacer cumplir la decisión que adoptó en el caso Pinto. Empero, recordó el caso del dirigente político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, asilado en la Embajada de Colombia en Lima durante más de cinco años en la década del 50.
“Brasil no podrá soportar la situación que soportó Colombia en esa época. Corresponde al Estado que otorgó el asilo hacer cumplir la decisión que tomó. De lo contrario, se estaría poniendo en duda la jerarquía del Estado”, aseguró Pedraza.
Asambleístas del MAS anticiparon que el senador Pinto perderá su curul si es que no asiste a la sesión del 6 de agosto, que se desarrollará en la ciudad de Oruro. “Faltaría una sesión, en una que no asista el Senado tiene que aplicar la normativa para que el suplente asuma la titularidad”, afirmó el diputado oficialista Galo Bonifaz.
No cree en la justicia
Dichos
El senador opositor Luis Pedraza afirmó que su colega Róger Pinto “no cree en la justicia boliviana”. Acotó que el asilado dijo que “la justicia está parcializada a intereses del Movimiento Al Socialismo (MAS)”.
Dávila: Es un hecho aislado; no daña nexo con Brasil
La ministra de Comunicación, Amanda Dávila, afirmó que el caso del senador Róger Pinto es un “tema aislado” que no perjudica las relaciones diplomáticas entre Bolivia y Brasil. Ratificó sus críticas hacia el embajador brasileño en La Paz, Marcel Biato.
“Hay sectores conservadores de la política brasileña que quieren perjudicar aun la relación bilateral, pero este caso (de) asilado (el de Pinto) no logró dañar la relación que tenemos entre Bolivia y Brasil”, explicó Dávila.
La ministra adelantó que los presidentes Evo Morales y Dilma Rousseff acordaron una reunión en Bolivia para esta gestión. “Ellos (los mandatarios) acordaron entrevistarse acá, no iba a ser este mes”, señaló Dávila. Una fuente del Gobierno de Brasil afirmó a la revista brasileña Valor Económico que el caso del senador Pinto produjo que la presidenta Rousseff cancelara su visita a Bolivia para entregar una obra junto a Morales.
Dávila calificó como un “error” la decisión de Brasil de otorgar asilo a Pinto. Además, el diputado del MAS Roberto Rojas calificó a la Embajada de Brasil como una “carceleta de delincuentes”. Opositores afirmaron que estas declaraciones perjudican la relación.
