“Como la coca es patrimonio de consumo tradicional, muchas organizaciones que se reúnen en congresos, ampliados en regiones como La Paz, Oruro, Cochabamba, los valles altos y Santa Cruz, demandan la provisión de la hoja de coca que esté apta para el consumo”, explicó ayer a La Razón el viceministro de la Coca, Dionisio Núñez.
La autoridad remarcó que este proceso se realiza a pedido de las organizaciones de todo el país, las que deben cumplir una serie de requisitos para evitar que la hoja milenaria sea desviada al comercio irregular.
“Los organizadores del evento solicitan con una carta la cantidad de coca, presentan la convocatoria al evento y deben especificar la cantidad de personas que van a participar. Una persona recoge desde Digcoin y lleva hasta el lugar del evento, a fin de evitar que esa coca se desvíe. Es un mecanismo de control”, afirmó Núñez.
Norma. No obstante, el viceministro reconoció que la entrega de este bien confiscado carece de una normativa legal, aunque explicó que la labor se realiza en el marco del Reglamento de Comercialización de Hoja de Coca.
“Nuestra normativa es el reglamento, pero no hay una norma específica sobre la donación de coca incautada para eventos sindicales. Incluso, la misma creación del Viceministerio de Coca permite que demos usos legales a la coca y, para nosotros, proveer a eventos nacionales de organizaciones sociales es un uso legal”, justificó.
Sin embargo, la oposición en la Asamblea Legislativa criticó este accionar al asegurar que “no se puede disponer libremente” de bienes o insumos decomisados al narcotráfico.
El diputado Tomás Monasterios (CN) no descarta solicitar una investigación e iniciar proceso a los funcionarios que gestionaron la entrega de coca a las organizaciones sociales. “Alarma que esta coca vaya a las organizaciones sociales. Como asambleístas vamos a extremar todos los mecanismos para procesar y sancionar a estos malos funcionarios que están haciendo un uso libre de bienes incautados, sin respaldo legal”, aseveró.
Al respecto, su colega Germán Antelo (CN) manifestó que “esta coca excedentaria que va a la fabricación de cocaína, una vez incautada, debe ser eliminada. No puede ser usada para el acullico”. “Es un planteamiento irracional”, aseguró.
En tanto, el viceministro Núñez explicó que como ya no existe el apoyo económico a Bolivia de la División de Asuntos Antinarcóticos (NAS, por sus siglas en inglés), la coca confiscada ya no puede ser incinerada como ocurría antes y se la almacena en depósitos que están a punto de colapsar. Por eso se le da otros usos, indicó.
El martes, el viceministro de Defensa Social, Felipe Cáceres, negó la donación de coca. “Algún congreso en el altiplano o los valles solicitó dos o tres taques de coca para fomentar el pijcheo (acullico), pero afirmar que Digcoin está distribuyendo coca incautada a organizaciones o movimientos sociales es completamente falso”.
Al respecto, Roberto Ramírez, jefe de la Unidad de Industrialización de Digcoin, dijo que la coca que se reparte fue incautada al narcotráfico y otra parte va destinada al consumo, pero que incumplió “reglas de comercio”.
“No se reparte mucho, depende de la concentración de gente. Por mes estamos hablando de 15 taques, en promedio. Por ejemplo, en el evento de la (cumbre social) de la OEA en Cochabamba, proveímos diez taques”, señaló.
Cantidad en Depósitos de Digcoin
Monto
Entre enero y junio de 2012, Digcoin decomisó 342.581 libras de coca; 100.551 se destinaron a industrialización.
Cantidad
Hay más de 2,1 millones de libras de coca en depósitos de Digcoin. El 50% está en La Paz y 33% en Cochabamba.
Faltan estudios de consumo de la hoja
El viceministro de la Coca, Dionisio Núñez, anunció que no se presentará el informe sobre el consumo integral de la coca en Bolivia mientras no se concluyan los estudios complementarios que realiza al momento el Instituto Nacional de Estadística (INE).
“A nivel de Gobierno se ha determinado hacer un estudio complementario que va a cuantificar el consumo de coca en el norte argentino, norte de Chile y sur del Perú, además de sectores de alto consumo como el transporte, que no han sido tomados en cuenta en el estudio integral”, explicó.
En la primera fase, esta tesis del consumo de la hoja fue patrocinada por la Unión Europea (UE), con el objetivo de establecer la cifra del consumo tradicional y también determinar la cantidad de coca excedente en el país.
“Oruro y Potosí son fundamentalmente mineros y el estudio no cuantificó el consumo en ese sector; tal vez la metodología no fue la más apropiada, por eso los resultados preliminares no coinciden con la cantidad de coca que en la práctica se consume”, dijo. La autoridad reiteró que se esperan los resultados de este trabajo para “complementar los resultados al estudio integral”.
El viceministro Núñez agregó que, concluido este trabajo, se utilizarán los datos informativos para complementar o modificar el proyecto de Ley General de la Coca, que sustituirá a la Ley 1008. “En esa ley se necesita una serie de datos en materia de producción, circulación y consumo para que la nueva normativa esté bien legislada”, acotó la autoridad.
