Rojas tuvo una primera imputación, por parte de la Fiscalía, el 22 de junio. En esa oportunidad se le acusó de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica en la compra de espadines para cadetes del Colegio Militar (Colmil) del Ejército, institución de la que fue comandante el año 2010, cuando se dio el proceso de contratación a través de la Resolución N°0760/10, emanada del Ministerio de Defensa.
El fiscal que ve el caso, Marco Antonio Rodríguez, explicó que la imputación que había sido presentada el 22 de junio ante el Juzgado 5° de Instrucción en lo Penal, sufrió modificaciones luego de que Rojas presentó documentos que hacen referencia a descargos que realizó ante el Ministerio de Defensa y que fueron aprobados.
Esos documentos indican que “ya no tiene cuentas pendientes” con el Ejecutivo, dijo. Sin embargo, informó que “se está haciendo requerimientos no sólo a la Contraloría (General del Estado), sino al propio Ministerio de Defensa para cotejar y corroborar la información que se ha obtenido en la fase de investigación”.
Responsabilidad. La documentación que presentó Rojas sostiene que no tendría cargo pendiente con relación a los desembolsos económicos respecto a los espadines. Esa situación logró modificar la imputación inicial, “pero existe todavía para el Ministerio Público elementos de convicción para sostener la responsabilidad penal del general Rojas”, dijo el fiscal.
Por ello, la tarde del martes presentó la imputación modificada, esta vez ante el Juzgado 6° de Instrucción en lo Penal, por el delito de incumplimiento de deberes.
