La asambleísta Norma Piérola (CN) anunció que su bancada enviará una nota al Gobierno de Brasil para que su par boliviano haga cumplir la condición de asilado del senador Pinto. Su pedido se enmarca, dijo, en el Estatuto del Refugiado, aprobado en Montevideo, Uruguay, en 1951.
“El Tratado de Montevideo establece que en caso de que el Gobierno solicitante, en este caso el boliviano, no otorgue el salvoconducto y las garantías necesarias, puede hacerlo el Gobierno brasileño bajo su responsabilidad (…) Vamos a pedir que el Brasil tome las acciones que en derecho y justicia corresponden para hacer efectivo el asilo”, explicó Piérola.
Pinto se encuentra hace 61 días en la Embajada de Brasil en La Paz a la espera del salvoconducto que le permita viajar al vecino país y acogerse a un asilo político, estatus que le otorgó la administración de Dilma Rousseff.
Por su parte, el senador opositor Luis Pedraza afirmó que Brasil deberá hacer cumplir la decisión que adoptó en el caso Pinto. Opinó que la administración de Rousseff no podrá soportar la situación que vivió el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre, quien estuvo asilado en la Embajada de Colombia en Lima durante más de cinco años en la década del 50.
En esa línea, el senador Marcelo Antezana (CN) confirmó que el bloque opositor enviará el 30 de julio una nota al Gobierno brasileño pidiendo el cumplimiento del Estatuto del Refugiado. “Si es que el gobierno de Evo Morales no quiere dar el salvoconducto, corresponde al Brasil ejercer presión para lograr el permiso”, adelantó.
Polémica. El oficialismo maneja otros criterios legales respecto al caso Pinto. La presidenta del Senado, Gabriela Montaño (MAS), señaló que la decisión del Gobierno de no darle salvoconducto se sustenta en la norma internacional, concretamente, dijo, en la Convención Sobre Asilo Político.
“’No es lícito dar asilo en legaciones, naves de guerra, campamentos o aeronaves militares a inculpados de delitos comunes que estuvieran procesados en forma o que hubieran sido condenados por tribunales ordinarios”, dice el artículo 2 del texto.
Una vez que el miércoles 25 el fiscal general, Mario Uribe, advirtiera que abrirá procesos penales contra las autoridades que otorguen el salvoconducto a Pinto, la bancada de CN pedirá a la autoridad judicial un informe oral en la Asamblea Legislativa. “Uribe debe responder por sus acciones oficiosas y políticas. No puede enjuiciar al que dé salvoconducto, sino a quien no lo dé; así, sólo maneja el discurso del MAS”, criticó Piérola.
Como otra medida de acción, Piérola anunció que el 30 de julio instalará un proceso legal contra el canciller David Choquehuanca por incumplimiento de deberes al no autorizar el salvoconducto para Pinto. En breve contacto con la prensa, el ministro Choquehuanca ayer evitó referirse al tema del asilo del opositor.
Piden trato igualitario
Sesiones
Aunque no son las mismas condiciones, Convergencia pedirá similar trato al que se dio a la difunta senadora del MAS Ana María Romero. Piden que Róger Pinto no pierda su curul y pueda sesionar por la red social Skype.
