El “Reglamento para centros penitenciarios” surge tras un trabajo de siete años, con el objetivo de “recuperar las cárceles para el Estado y que la sociedad esté tranquila con la administración que se hace de los penales”, justifica Ramiro Llanos, director general de Régimen Penitenciario.
“Esas sanciones arbitrarias de meter a alguien al calabozo, por ejemplo, ya no se van a dar, porque esa sanción tiene que ser consultada al Consejo Penitenciario”, indicó la autoridad, basado en la norma que a la fecha sólo requiere de una resolución administrativa para ser puesta en vigencia.
En el caso de la citada sanción, el Consejo Penitenciario (conformado por el psicólogo, médico, trabajador social, abogado y director del penal) recurrirá a una tabla de votación, en la que cada uno califica la pertinencia de ese “castigo” con hasta 20% de votación, para tomar luego una decisión.
“Lo que se hacía entre pasillos o de manera individual, sin la presencia incluso del privado de libertad acaba. Se está iniciando el proceso de los consejos o los servicios penitenciarios”, dijo Llanos.
El reglamento, además, propicia a que el privado de libertad explique ante el Servicio Penitenciario cuál ha sido su evolución al interior de la cárcel, su trabajo, si mejoró su educación, si se vulneró algunos de sus derechos, las certificaciones del psicólogo, médico y otros que permitan contar con una clasificación para ser presentada ante el juez a la hora de solicitar, por ejemplo, un beneficio como el extramuro ante el juez.
En su artículo 3, el reglamento identifica el principio de gratuidad y señala que “el servicio que presta la administración penitenciaria no debe ser remunerado por los privados de libertad”.
Autoridades de Régimen Penitenciario admitieron recientemente que en algunos penales hay compra-venta de celdas e incluso anticrético o alquiler de estos espacios por noche.
En el penal de San Pedro (La Paz) se denunció que el reo que ingresa debe pagar un determinado monto para ser enviado a un sector y que, además, se vende las celdas entre $us 100 y $us 10 mil.
“Cualquier acto de corrupción, malos tratos a los internos, cobros deben ser denunciados por los funcionarios administrativos y de seguridad”, dice la norma, que estipula hasta la destitución de funcionarios que se vean involucrados.
Se les atribuye 11 derechos, además de los contenidos en la Constitución, y 13 restricciones, entre ellas la de no portar celulares ni armas en los recintos.
Establece que el interno, al ingresar, recibirá un manual de funciones con estos acápites, así como horarios para todas sus actividades. Lo mismo se elaborará para todo el personal que trabaje en cárceles, incluidos los policías y el director o gobernador.
El reglamento, de acuerdo con Llanos, ya fue presentado al Ministerio de Gobierno y será aprobado en la primera semana de agosto con una resolución administrativa. Actualmente, el texto está en la Dirección Legal y de Rehabilitación, que presentará un informe antes de su aprobación. Luego se esperará tres meses para socializarlo y ponerlo en vigencia.
Control para elegir a delegados
La elección de los delegados de los privados de libertad merecerá especial atención de parte de las autoridades carcelarias, que teniendo el reglamento de cárceles en vigencia proponen convocar al Órgano Plurinacional Electoral para que supervise la elección de estos dirigentes.
“Actualmente, los privados de libertad eligen a sus delegados por votación, y así se mantendrá, pero qué dice el reglamento: que en esta elección tiene que apersonarse el Órgano Electoral y cumplir su función como en cualquier otra actividad eleccionaria”, señaló Ramiro Llanos.
En ese entendido, se pedirá que funcionarios del OEP se apersonen a los centros penitenciarios para fiscalizar la elección de los internos. “Ellos (el OEP) verán cómo hacen su proceso, el tema de las ánforas; esa elección se democratizará”.
En todo caso, se busca respetar los usos y costumbres de las personas recluidas, por lo que se rescatará sus formas de organización. “Vamos a mantener todo lo positivo de las cárceles, toda la sabiduría que se ha expresado y otras se irán complementado”. Así la conformación del Consejo de Delegados será transparente, agregó.
Preparan áreas de aislamiento en los penales
Ernesto Calizaya
La elaboración de un reglamento para definir funciones de privados de libertad y funcionarios que trabajen en el sistema penitenciario boliviano, será complementado con la edificación de nuevas cárceles y la implementación de un sistema progresivo que implica contar con un régimen cerrado, otro intermedio y uno abierto.
La ley prevé cuatro etapas, pero con las tres señaladas se podrá mejorar la gestión, de acuerdo con la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP).
El régimen cerrado se habilitará para reclusos conflictivos. “Una persona que no puede tener un buen comportamiento tiene que estar en un lugar de aislamiento por tres meses, seis meses, un año o tal vez toda su condena”, sostuvo Ramiro Llanos, de la DGRP.
El reglamento de cárceles define que sea el Servicio Penitenciario (equipo compuesto por médicos, psicólogo, trabajadora social, abogado y director del penal) el que evalúe destinar a un privado de libertad a esta área.
Llanos afirmó que con ese objetivo se construye en Santa Cruz el penal de máxima seguridad, que se pretende entregar en esta gestión. También se habilitan espacios en otros penales. “En Chonchocoro y Mocoví estamos construyendo 16 celdas de aislamiento y en 2013 se va a ampliar, y vamos a tener 32, también construiremos en todas las cárceles estas áreas”, aseguró la autoridad.
En cuanto al presupuesto para estas edificaciones, Llanos adelantó que “cada departamento debe hacerse cargo de sus presos (…) y debe prevenir los delitos”.
Perdón. Si cambian de actitud, esos internos saldrán al régimen intermedio, que es el que se conoce en Bolivia, un área en la que estarán reclusos que han sido clasificados para estar ahí por el equipo de Servicio Penitenciario.
Se prevé que los privados de libertad nuevos ingresen antes al régimen cerrado y de ahí, tras una evaluación, pasen a este otro nivel.
Quien recupere su libertad quedará “en cárcel abierta”, sujeto a la administración de la DGRP, según se prevé en la reforma penitenciaria. Al estar en este régimen, se les garantizará el prediario, podrán salir a la calle a buscar trabajo, recuperar a los amigos, a la familia y volver a tener actividades normales.
“Cuando crean que es necesario desprenderse del Régimen, se desprenderán y harán su actividad lícita, lo que nunca se hizo en nuestro país”, indicó Llanos.
Detenidos preventivos y sentenciados merecerán un trato similar, con los mismos derechos, obligaciones y horarios. El personal que vaya a trabajar en cárceles recibirá la capacitación necesaria para aplicar el reglamento.
Promueven la redención de penas
Ernesto Calizaya
La Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP) busca dotar de formalidad y seriedad al trabajo realizado en las cárceles, de manera que la certificación de actividad laboral o educativa que emprenda un privado de libertad pueda ser reconocida y le permita a éste beneficiarse con la redención de la pena.
“Los que quieren estudiar y trabajar, con todas estas certificaciones irán mejorando, y esto les va a permitir la redención de la pena”, explicó Ramiro Llanos, titular de la DGRP. Dichas certificaciones serán presentadas ante la autoridad competente, que es el juez, para que éste, observando la formalidad de la DGRP, evalúe la reducción del tiempo de permanencia de un recluso al interior del penal.
“Aceptando estas certificaciones, por ejemplo, en ocho horas de trabajo y cuatro de estudio, son 12 horas de redención, entonces prácticamente estas personas estudiando y trabajando podrán acceder con mayor facilidad a su libertad”, describió.
Para la persona que deje determinada cárcel, además, en el marco de la reforma penitenciaria que permitirá operativizar el reglamento, se encaminará el régimen abierto, para evitar que pueda reincidir en algún ilícito y se lo tenga nuevamente preso.
Con el reglamento que prevé presentar la DGRP en los próximos días, cuando el privado de libertad esté fuera de la cárcel con semilibertad o en un régimen abierto, contará con el control y seguimiento de las autoridades penitenciarias, de modo que no se vea desamparado,
“Cuando un funcionario o interno llegue a un penal, sabrá qué se va a hacer en la cárcel, sus derechos y deberes; se le dará un manual, un tríptico y tiene que basarse en ello”, anun
