El Gobierno desplazó el martes a un grupo de policías al municipio de San Buenaventura para restablecer el orden y a autoridades del Ejecutivo, para que, mediante el diálogo, gestionen la libertad de la legisladora del Movimiento Al Socialismo (MAS), Julia Quisbert, quien está retenida por el Comité Cívico de la región, acusada de congelar las cuentas de la Alcaldía.
«Llama la atención que por un conflicto de gobernabilidad se tenga que retener a una persona más allá del cargo, y por eso se desplazó al municipio de San Buenaventura a las fuerzas del orden para restablecer el orden», dijo el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jorge Pérez.
La autoridad garantizó que la asambleísta se encuentra en buen estado de salud y recibe la atención adecuada, después de amagues de enfrentamiento del lunes entre los pobladores y personas quienes intentaron rescatarla.
En este caso, dijo, existen varias querellas contra el ex alcalde de esa población, en el Norte de La Paz, Inocencio Adalid Carvajal, bajo el cargo de pérdida de cemento asfáltico, lo que ocasionó la crisis de gobernabilidad.
Razón por la cual el Ministerio de Autonomías procedió a congelar las cuentas bancarias de esa Alcaldía, pero la población de San Buenaventura responsabiliza de ese hecho a la diputada.
De acuerdo con Pérez, la ministra de Autonomías, Claudia Peña, es requerida por los pobladores de ese municipio para el descongelamiento de las cuentas.
