En noviembre de 2011, el defensor del Pueblo, Rolando Villena, presentó su informe y apuntó a 18 personas, entre autoridades civiles, policiales y funcionarios del Ministerio de Gobierno como los responsables de la represión que sufrió la VIII marcha del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Según ese informe, el entonces ministro de Gobierno decidió y planificó la intervención junto a jefes policiales el 24 de septiembre.
La desarticulación de la marcha ocurrió el 25 de septiembre, cuando Llorenti se encontraba en La Paz. Los originarios de tierras bajas marchaban de Trinidad (Beni) hacia La Paz, en rechazo al proyecto de una vía caminera por el núcleo del TIPNIS.
El 8 de mayo de este año, luego de que la Fiscalía presentó la imputación contra el exviceministro Marcos Farfán por estos hechos, la fiscal Patricia Santos indicó que evidentemente había una orden de intervención, debido a que el 24 de septiembre un grupo de marchistas había obligado a marchar al canciller David Choquehuanca.
Sin embargo, refirió que también “hubo una contraorden” y que pese a ello se desarrolló el operativo policial.
Determinación. Tras las investigaciones, ahora la comisión de fiscales, integrada por José Ponce y Patricia Santos, determinó rechazar esa acusación. “Se ha rechazado la denuncia contra funcionarios del Ejecutivo, así como también tengo conocimiento que se ha rechazado la denuncia contra el exministro de Gobierno (Sacha Llorenti)”, afirmó anoche la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez.
Emitió esa declaración de manera escueta en el Palacio Quemado, tras asistir a la promulgación de las leyes de Seguridad Ciudadana y de Trata y Tráfico de Personas.
La Fiscal explicó que se llegó a esa decisión tras establecer que la exautoridad no tuvo ninguna responsabilidad porque “se ha roto la cadena de mando”. Para mayores detalles pidió consultar a los fiscales del caso, pero ninguno de los dos asignados quiso dar datos, con el argumento de que la fiscal Yañíquez dijo que ella se encargaría de dar el informe a los medios.
A mediados de noviembre de 2011, el juez 5° de Instrucción en lo Penal, Ricardo Maldonado, en suplencia en el Juzgado 3°, donde radicaba el caso, ordenó la detención domiciliaria del exsubcomandante de la Policía Óscar Muñoz tras una audiencia cautelar. Actualmente es el único detenido dentro del proceso judicial que se abrió por esa intervención.
Represión a indígenas marchistas
Operativo
El 25 de septiembre de 2011 la Policía intervino la VIII marcha indígena en la localidad de Chaparina.
Abusos
Imágenes de televisión mostraron cómo los policías pegaron cinta masquin en la boca de indígenas detenidos.
