Sánchez Urquidi fue aprehendida la noche del martes y ayer se presentó una imputación en su contra por estafa con víctimas múltiples. Aún no se programó su audiencia cautelar. La acusada ya formaba parte de las pesquisas del Ministerio Público, pero fue a través del Comando de la Policía que se puso en evidencia las sindicaciones directas en su contra.
Se conoció que, en abril de este año, la Federación de Cooperativas Mineras de Oruro (Fedecor) denunció ante el Ministerio de Gobierno que Sánchez Urquidi se hizo pasar como docente de la Academia Nacional de Policías (Anapol) y cobró un total de $us 12 mil a cooperativistas que deseaban que sus hijos ingresen a la Anapol. En ese caso fueron tres personas interesadas, pero no lograron ingresar al centro de estudios y presentaron la queja.
Quejas. A ello se sumó la denuncia de al menos cinco postulantes a la Anapol que no ingresaron, pese a que entregaron sumas de dinero a esta abogada, entre $us 2.000 y $us 5.000, según refirió el fiscal Marco Antonio Rodríguez, parte de la comisión de fiscales que investiga el caso.
Por los dos casos citados, el martes se la convocó a prestar declaración informativa, pero luego de más de cuatro horas frente a la comisión se informó que la misma decidió acogerse al derecho de guardar silencio. No obstante, ante las evidencias y los riesgos procesales advertidos, la Fiscalía ordenó su aprehensión.
Sánchez Urquidi es la cuarta persona imputada en este caso que se inició en marzo, tras la denuncia del ingreso irregular de 54 bachilleres a través de un programa piloto dirigido a jóvenes interculturales a la Unipol. De inicio, se hizo referencia a que cada uno de ellos pagó $us 5.000 para ser admitido. Antes de ello se acusó formalmente al coronel José Piérola, quien fungía como rector de la Unipol cuando surgió el escándalo, y al coronel Marco Ortuño, el entonces director de la Anapol.
Ambos jefes policiales fueron llevados ante el Juzgado 3º de Instrucción en lo Penal por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución y uso indebido de influencias. El juez Rolando Chaca dispuso detención domiciliaria para ambos. Luego, el 6 de junio se imputó al entonces comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, ya que él envió a las autoridades académicas de la Unipol las listas de los postulantes, en dos grupos de 38 y 16 bachilleres.
Sánchez Urquidi habría referido que tenía contacto con Santiesteban para asegurar el ingreso a los postulantes y ahora el Ministerio Público busca establecer esta situación, así como el beneficio que éste habría recibido.
Ayer, mientras se preparaba la imputación en contra de la abogada, se apersonaron ante la Fiscalía familiares de algunos de los 54 excadetes, quienes afirmaron haber entregado sumas de dinero a Sánchez Urquidi. “Estas personas son parte de los 54 que supuestamente ingresaron en el programa interculturales. Todavía no hay denuncias, simplemente declaraciones, en base a las cuales se ha ampliado las investigaciones”, manifestó Rodríguez.
Hasta el mediodía de ayer se tomó conocimiento de que alrededor de 10 de los 54 cadetes interculturales le entregaron dinero a Sánchez Urquidi. Éstos se suman a las tres víctimas de Oruro y cinco de Cochabamba. Rodríguez también señaló que se recibió información de que la acusada fungía actualmente como asesora de la Asamblea Departamental de La Paz.
Amplían investigación a Santiesteban
Tras las denuncias contra la abogada Jhandira Sánchez Urquidi, el Ministerio Público amplió las investigaciones en torno al excomandante de la Policía, general Jorge Santiesteban. Ya se emitió la notificación para que rinda una declaración ampliatoria por al menos tres delitos más.
Según el fiscal Marco Rodríguez, la ampliación de investigación se informó al juez de la causa y obedece a las declaraciones de los postulantes a cadetes de la Academia Nacional de Policías (Anapol) que vinculan a Sánchez Urquidi con el general Santiesteban.
“Se ha emitido la notificación al imputado (…) por obstrucción a la justicia, estafa con víctimas múltiples, enriquecimiento ilícito y una serie de delitos que van a ser conocidos en su oportunidad”, señaló el fiscal Rodríguez.
Santiesteban debió apersonarse ayer ante el Juzgado 3º de Instrucción en lo Penal para una audiencia en la que se iba a resolver el incidente que planteó respecto a observaciones en el proceso de investigación. Pero ese acto se suspendió a solicitud de la Fiscalía, que pidió ver ese recurso de manera simultánea a la audiencia de medidas cautelares, misma que no se señala desde el 6 de junio, cuando se imputó a Santiesteban por uso indebido de influencias e incumplimiento de deberes.
