El juez valoró el hecho de que el Colegio Militar del Ejército (Colmil) remitió un memorial en el que hizo notar que no se considera víctima directa del denunciado. También evaluó lo manifestado por el Ministerio de Defensa, que certificó los descargos del jefe militar.
Según las investigaciones del Ministerio Público, el general Rojas, en el marco de una contratación por excepción, cuando era comandante del Colmil, en 2010, tomó los servicios de la empresa Import-Export Rojas, dedicada al rubro del transporte y la ferretería, para la adquisición de espadines para los cadetes del Colmil.
Retraso. En los antecedentes se tiene que se debía adquirir 400 espadines, lote que la empresa se comprometió a entregar en 90 días, hasta noviembre de 2010, pero no cumplió. La Fiscalía observó que Import-Export Rojas además “subcontrató” a una segunda empresa, Acarapi Asociados, a la que sólo le habría pagado Bs 330 mil por 300 espadines, los mismos que fueron entregados recién entre diciembre de 2011 y marzo de este año.
Ante la evidencia de irregularidades, el Ministerio Público presentó una imputación inicial en junio, por uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Empero, habiendo logrado la adquisición sólo de 300 espadines, Rojas procedió a realizar el depósito de la suma de Bs 100 mil a las cuentas del Ministerio de Defensa para la adquisición de los restantes 100 espadines y librarse de este proceso. Tras conocer la certificación de ese trámite, el fiscal Marco Rodríguez modificó la imputación y redujo los delitos de cuatro a sólo uno: incumplimiento de deberes.
“El artículo 27 numeral 6 del Código de Procedimiento Penal determina que la acción penal se extingue por la reparación integral del daño particular o social causado (…) siempre que lo admita la víctima o el fiscal, según el caso”, explicó el juez Rivadeneira antes de emitir el fallo en la audiencia.
Detalló que no se concilió en este caso, pero al haber recibido el dinero y haber entregado el número de cuenta, el Ministerio de Defensa “ha realizado una manifestación favorable y esto concadena una aceptación tácita para la reparación del daño económico”.
“De principio, nunca hubo daño económico al Estado ni al Ministerio de Defensa, desde un inicio manejé este mi argumento”, señaló el jefe militar, quien manifestó su satisfacción por haber mandado a fabricar los espadines con manos bolivianas.
Afirmó que se trató de un “proceso calumnioso e infame” que, sin embargo, no le causó daño alguno. “No pesa sobre mí ningún perjuicio, sigo desempeñando mis funciones como segundo hombre del Ejército, como jefe del Estado Mayor del Ejército y además siendo el primero de mi promoción”, aseguró el jefe militar.
La denuncia en el caso
Proceso
La denuncia referida a presuntas irregularidades en la compra de espadines fue presentada ante el Ministerio Público, en enero de este año, por nueve asambleístas del MAS. La Fiscalía abrió proceso en mayo.
