Las empresas de seguridad física privada están prohibidas de contratar a policías, militares y personas con condenas judiciales, según establece la Ley de Seguridad Ciudadana. El cumplimiento de este aspecto es requisito para lograr la autorización de funcionamiento, que deberán renovar obligatoriamente.
Tampoco podrán admitir a militares y policías nacionales o extranjeros dados de baja por la comisión de delitos o faltas disciplinarias graves, ni a funcionarios públicos en funciones, de acuerdo con las disposiciones aprobadas.
Parte del artículo 58 de la norma del 31 de julio añade que los guardias de seguridad privada “serán identificados, registrados y certificados por la Policía”. Las personas dedicadas a esta actividad están prohibidas de portar y utilizar armas de fuego para sus labores.
Para conseguir la renovación de la licencia de funcionamiento, las empresas deben demostrar la capacidad de prestar servicios de “protección física o electrónica a personas e instalaciones privadas, custodia y vigilancia de bienes muebles e inmuebles, así como de locales destinados a la recreación, comercio u otras actividades privadas, transporte y custodia de valores, caudales y monedas”.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, explicó en el acto de promulgación que la norma también garantiza 600 millones de bolivianos para el fortalecimiento operativo de la Policía y afianzar el trabajo con la comunidad.
La Ley de Seguridad Ciudadana refiere, asimismo, que las empresas de seguridad física privada están obligadas a informar o denunciar sobre hechos delictivos. Además, están prohibidas de comunicar a terceros cualquier información que conozcan en la prestación de sus servicios, que atenten o vulneren la privacidad y seguridad de sus usuarios.
