“Respecto de la preocupación de que algunos ciudadanos no quieran cumplir ese mandato legal (la consulta), mi autoridad ya ha evacuado el instructivo al Fiscal de Distrito del Beni (Alejandro Cruz) para que proceda conforme a derecho en caso de que se presente alguna acción que tenga connotación de carácter penal que vaya a incumplir esa disposición legal”, dijo la autoridad en La Paz.
Agregó que la Ley 222 de Consulta Previa y la sentencia constitucional 300 son vinculantes y obligatorias para todos. “Por ejemplo, un bloqueo de por sí es un hecho punible; se está obstruyendo la libre circulación, es un tipo penal autónomo. Por lo tanto, de acuerdo con las circunstancias y el hecho, el fiscal que conozca el caso deberá calificarlo e iniciar el proceso (…), a los bloqueadores se les tendrá que abrir un proceso penal, de oficio”, indicó.
Desde el 29 de julio, el Gobierno inició la consulta en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la intangibilidad de éste y la eventual construcción de una carretera por el corazón del mismo. Ante esa situación, un grupo de indígenas cuestionó la forma en que se efectúa el proceso e inició un bloqueo en la comunidad de Gundonovia para evitar el paso de las brigadas del Ejecutivo.
El fiscal Cruz explicó que a la fecha sólo hay una denuncia por obstaculizar la consulta y es la interpuesta por la Gobernación del Beni contra el corregidor de Gundonovia, Simón Noza, y Ovidio Teco, por los delitos de sedición e instigación pública a delinquir, por el presunto hecho de coartar la labor de las brigadas.
La Fiscalía del Beni notificó por edicto los 11 mandamientos de aprehensión contra exdirigentes del TIPNIS, quienes no tienen un domicilio legal vigente, pues viven en el parque, según ANF. Se los acusa de recibir dinero de la Gobernación beniana y no rendir cuentas. El dirigente Fernando Vargas dijo que se trata de una “persecución política” y que la Gobernación no les dio informes sobre los proyectos que derivaron en los procesos judiciales.
Sánchez: Existen dos veedores de la ONU
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, ratificó que dos funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ingresaron al TIPNIS en calidad de veedores de la consulta, que se realiza en la reserva natural desde el 29 de julio.
El organismo internacional aclaró el lunes que los funcionarios cumplen un rol de “monitoreo” de derechos humanos en el TIPNIS. Hasta el cierre de edición de ayer, la ONU no emitió ningún comunicado de prensa sobre la ratificación de Sánchez.
“Cuando el señor Roberto Berroulds (funcionario de la ONU en La Paz) hablaba conmigo, se refirió a que eran veedores, y nosotros le solicitamos inmediatamente que nos enviara una carta donde nos planteara que necesitaba todo el apoyo que se requiere para entrar al área del TIPNIS”, comentó Sánchez. La autoridad acotó que los funcionarios de la ONU son Vilma Romero y Nicolás David, a quienes el Gobierno les brindó los mecanismos para ingresar a la reserva.
Diputado propone ley para ampliar la consulta
El lapso de tiempo establecido para realizar la consulta en el TIPNIS no será suficiente, indicó el diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) Eleuterio Guzmán, quien, a raíz de esta limitación, propuso una nueva ley que deje abierto el plazo para concluir el proceso consultivo.
“Yo conozco el territorio y es difícil que se culmine la consulta en el tiempo establecido dentro del Protocolo. Ese tiempo previsto no es adecuado, se tiene que ampliar y por eso propongo una ley abierta que no determine un tiempo para realizar el proceso de consulta”, manifestó Guzmán.
El legislador afirmó que “ni siquiera” se avanzó la consulta en el 50% de las comunidades indígenas de la reserva. El Protocolo de la consulta establece que el proceso debe concluir el 3 de septiembre y hasta el 9 del mismo mes se entregarían los resultados.
El ministro de Obras Públicas y Vivienda, Vladimir Sánchez, informó ayer que 29 comunidades del TIPNIS ya fueron consultadas. Dijo que 28 aceptan la construcción del tramo carretero por la reserva y que las 29 rechazan la intangibilidad del parque. Además, el diputado Guzmán sostuvo que las 29 comunidades piden la construcción de una carretera ecológica. “Aceptaron el camino, pero buscan una alternativa que no dañe el medio ambiente, como una carretera ecológica con estudios previos”, señaló.
