El anuncio lo hizo el titular de esa cartera de Estado, Carlos Romero, quien consideró que si la denuncia “salta”, obviamente es responsabilidad del denunciante constituirse en querellante. “Lo que va a hacer el Ministerio de Gobierno es apersonarse en el proceso para coadyuvar en el impulso a la investigación”, señaló la autoridad.
“Sí, vamos a presentar un memorial”, contestó a La Razón cuando se le consultó si dicha cartera tenía previsto dar ese paso en el caso. La tarde de ayer, fuentes del Ministerio Público dijeron que esa oficina recibió un memorial de parte de ese despacho, aunque no revelaron el contenido del texto.
Romero aclaró que la Fiscalía abrió una investigación para establecer si hay o no motivo para instaurar un proceso penal en el caso. La indagación se inició luego de que el Ministerio de la Presidencia remitiera al Ministerio Público documentos caratulados como de “Inteligencia” y que antes habían sido ofrecidos por el senador Róger Pinto.
Como indicó La Razón el martes, esa documentación fue puesta a conocimiento de la Fiscalía el 30 de mayo de este año, cuando el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, a través de una misiva, pidió a la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, “que determine la pertinencia (o no) del inicio de las investigaciones”.
Como corresponde, la documentación pasó a la Unidad de Análisis. Evaluados los datos, se informó a la Fiscalía de Distrito que hay antecedentes de que los hechos que se denuncian están relacionados con la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Grupo Especial Táctico de Investigaciones de Delitos Especiales (GETIDE), Interpol, Dirección de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove) y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), además de personas particulares. Con ese antecedente, se ordenó la apertura de una pesquisa el 3 de agosto (caso 12/07397), que recayó en manos del fiscal Marco Rodríguez.
La investigación de oficio de momento indaga los delitos de cohecho pasivo propio y uso indebido de influencias. Inicialmente, los implicados son Hugo Suárez, Víctor Jorge Pacheco Franco, Rubén Suárez, Carlos Tapia, Julio Navia y otros funcionarios de la Policía que presuntamente tienen vínculos con supuestos cárteles internacionales de tráfico de drogas.
Quintana hizo notar que esos documentos “no tienen ni siquiera sellos oficiales” y al parecer fueron elaborados para difamar a la gente. La autoridad sostuvo que no merecían mayor comentario, pero correspondía remitirlos a la Fiscalía de Distrito.
Pinto. Según el fiscal, así esos documentos no tengan sellos ni firmas merecen ser considerados indicios para ser contrastados y luego determinar su autenticidad y valor lícito para la pesquisa. “Lo que estamos investigando es la información que ha sido remitida por el Ministerio de la Presidencia. Si es necesario convocar a algún senador, como el caso del senador Róger Pinto, el Ministerio Público lo va a hacer”, manifestó.
En tanto, el diputado Adrián Oliva, de la opositora Convergencia Nacional (CN), a través de una nota de prensa señaló que los ministros de Gobierno tuvieron esos informes antes de haber sido presentados por Pinto y “no iniciaron una investigación ante el conocimiento de estos hechos”.
Jefe de Interpol
Reacción
El director de la Policía Internacional, coronel Rubén Suárez, expresó su molestia por la inclusión de su nombre en la lista de presuntos implicados. “No sé si se refieren a mí; de ser así, me voy a someter a cualquier investigación; no tengo ninguna implicación con los grupos a los que me relacionan”, aseveró. (I. Condori).
Quintana debe responder en tres días
El Ministerio Público informó que el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, tendrá tres días para responder al cuestionario que se le enviará para que aporte datos en torno a la presunta existencia de nexos entre policías y personas particulares con cárteles de droga de Colombia, México y Brasil.
El fiscal Marco Rodríguez, quien dirige las pesquisas del caso, dijo que la autoridad prestará una declaración por escrito debido a su investidura y que la remisión del cuestionario se produciría en las próximas horas. “Se busca establecer el conocimiento de los hechos y las acciones que se han tomado por parte de esa autoridad de Estado”, indicó. También reveló que debe responder en un plazo de tres días.
Hasta el mediodía de ayer se elaboraban los cuestionarios para el exviceministro de Coordinación y Gestión Gubernamental Wilfredo Chávez, quien luego reemplazó a Sacha Llorenti en la cartera de Gobierno, y para el exministro de la Presidencia Óscar Coca, ya que ambos habrían tenido conocimiento de la documentación ofrecida por el senador Róger Pinto (CN) con anterioridad al ministro Quintana.
La Razón logró comunicarse con Chávez, quien aseguró que tiene la disponibilidad de presentarse ante el Ministerio Público si éste lo cita dentro del presente caso. “Cualquier momento que se me convoque voy a estar”, afirmó.
