«Consecuentes con nuestras convicciones democráticas, debemos recordar a la opinión pública que a ocho años de promulgada la Ley 2640, en la gestión de Carlos Mesa, el Gobierno del presidente Evo Morales, a través de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, está pagando un total de 3.600.000 bolivianos a 1.714 personas calificadas para acceder al beneficio de resarcimiento a las víctimas de la violencia de las dictaduras que en su momento fueron perseguidas, apresadas, torturadas, desaparecidas y asesinadas», remarca el comunicado.
Asimismo, se lamenta el mal diseño de la Ley de Resarcimiento a Víctimas de la Dictadura, promulgada en 2004. «En cuanto a las personas no calificadas que no accedieron a un resarcimiento que ellas consideran justo, el Ministerio de Justicia informa al país que la Central Obrera Boliviana (COB) envió un proyecto luego de dos meses de realizada una reunión en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado, el 16 de mayo con la presencia de la ministra Cecilia Ayllón, y la participación de la denominada Plataforma de Luchadores, formulando algunos criterios que están siendo debidamente considerados», explica el comunicado.
