La mayoría oficialista de la Comisión de Política Internacional del Senado aceptó y viabilizó la postulación del exministro de Gobierno Sacha Llorenti como embajador de Bolivia ante la Organización de Naciones Unidas (ONU). La Comisión remitió su informe al pleno senatorial, que en las próximas horas tratará el tema en sesión reservada.
El senador del Movimiento Al Socialismo (MAS) y miembro de la Comisión de Política Internacional, Fidel Surco, explicó a La Razón Digital que la instancia legislativa aceptó la postulación de Llorenti, quien ayer presentó un informe sobre las actividades que realizará como represente ante el organismo internacional.
“Hemos retomado la sesión a las 12.00 y a las 13.000 ya ha sido aceptada (la postulación) por la Comisión. Ya está hecho. Ya está definido”, aseguró Surco.
La instancia legislativa está integrada por los senadores del MAS Surco y Nélida Sifuentes, mientras que la oposición está representada por Jimena Torres, de Convergencia Nacional (CN). Sifuentes informó ayer que el exministro presentó un plan de trabajo que abarca temáticas como el narcotráfico, quinua, derechos humanos y otros relativos a los pueblos indígenas.
La Comisión remitió su informe al plenario del Senado, controlada por el oficialismo. Surco informó que el plenario tratará mañana la designación de Llorenti.
El defensor del Pueblo, Rolando Villena, consideró que es necesario esclarecer lo ocurrido en Chaparina, cuando la exautoridad cumplía funciones de ministro de Gobierno, mientras que el indígena Rafael Quispe informó que harán una campaña con el objetivo de vetar la designación del quien también fuera presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia.
La postulación de Llorenti recibió el respaldo del vicepresidente Álvaro García, quien el viernes 17 aseguró que su excolaborador “cumple con todos los requisitos para hacer una buena presencia en el contexto internacional”.
El exministro renunció a su cargo el 27 de septiembre, tres días después de la represión a los indígenas que marchaban en defensa del TIPNIS, en Chaparina, Beni. Fue incluido en el proceso tendiente a establecer quién ordeno la represión policial, sin embargo los fiscales encargados del caso decidieron lo excluyeron de la pesquisa.
