El Gobierno, a través del ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, sostiene que no se debe hacer creer a la población que con la denuncia planteada en contra de los medios de comunicación Agencia de Noticias Fides (ANF), Página Siete y El Diario se acabará con la libertad de expresión. Mientras tanto los trabajadores de la prensa de Sucre, Potosí y El Alto expresaron hoy su rechazo a la acción del Gobierno y reivindicaron la vigencia de la ley de Imprenta.
El Ministerio de la Presidencia informó el viernes de la denuncia que presentó en contra de los medios que publicaron una nota que “no refleja el verdadero discursos” del presidente Evo Morales sobre el oriente. La denuncia es contra los autores, cómplices y encubridores, en especial contra de los representantes legales, editores y responsables de las notas objeto de la presente denuncia”, prevé el memorial presentado.
La acción del Gobierno desató el rechazó de las organizaciones del gremio periodístico, entre ellas de la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) que cuestionó la denuncia y recordó que está vigente la ley de Imprenta, norma que juzga, precisamente los delitos de imprenta.
“No pretendamos hacer creer a la población, que porque se está iniciando un juicio penal se va a acabar la libertad de expresión. El objetivo es que se ventile este presunto delito ante un espacio jurisdiccional”, respondió Quintana frente a la reacción desatada por la denuncia, donde se prevé la existen del delito de difusión e incitación al racismo y a la discriminación.
Trabajadores de la prensa protagonizaron movilizaciones hoy en las ciudades de Sucre, Potosí y El Alto, como antesala a una protesta general convocada para el miércoles.
Fabiola Furuya, dirigente de los trabajadores de El Alto lideró la movilización en esa urbe y pidió respeto a la libertad de expresión. “En caso de que exista cualquier cuestionamiento al trabajo periodísticos se debe acudir a las instancias correspondientes de la Ley de Imprenta y por ende, al Tribunal de Imprenta”, exigió, según informó la red Uno.
El viceministro de Coordinación con Movimientos Sociales, César Navarro, aclaró en una entrevista con los medios estatales que el proceso planteado no es una querella sino una denuncia. Tras la denuncia presentada ante el Ministerio Público, tal instancia debe solicitar a los tres medios la presentación de las bases que justificaron la información difundida, señaló.
