Una comisión interinstitucional encabezada por Régimen Penitenciario revisa expedientes de reclusos con afecciones de salud en estado terminal, de la tercera edad, con discapacidades o problemas mentales para beneficiarlos con el indulto.
Denis Mejía, director regional de Régimen Penitenciario, explicó que a la fecha se enviaron 40 expedientes de ese tipo de reos a los juzgados de ejecución penal y se está a la espera de una respuesta. “Se esta haciendo la valoración de algo más de 150 expedientes para ver si tienen los requisitos para la detención domiciliaria y se está presentando a los juzgados para su revisión”.
El beneficio —según Mejía— encuentra trabas sobre todo en casos de reclusos del área rural o del trópico de Cochabamba. “No sabemos de qué parte son. Eso genera que Defensa Pública tenga que ir al trópico, ver el caso en el juzgado, su situación y si hay parientes que quieran dar su domicilio al liberado”, sostuvo.
De acuerdo con Mejía, los internos dependen también de su familia. “Ellos tienen que contar con domicilio y el mayor problema es que o no tienen familia o ésta no quiere saber más de ellos, y tendríamos que buscar algunas casas de acogida”.
Por el momento, sólo dos personas dejaron las cárceles en Cochabamba. El primer caso se dio en el penal de Sacaba, donde un recluso sufría de problemas mentales. Otro interno, de San Sebastián, fue indultado por ser portador de sida. “En las cárceles no existen espacios adecuados para que estas personas puedan permanecer”, indicó Mejía.
