La Fiscalía del Beni investiga a diez ciudadanos extranjeros acusados de interferir en la consulta del TIPNIS. El proceso fue instaurado a raíz de la denuncia que hace dos semanas hizo la Gobernación de ese departamento, informó a La Razón el fiscal de Distrito, Alejandro Cruz. La entidad judicial pidió a la Dirección General de Migración en La Paz que le envíe informes sobre la situación legal y la actividad de esos ciudadanos extranjeros en el país.
“Inicialmente, la Secretaría de Justicia de la Gobernación (del Beni) nos hizo conocer una lista de diez extranjeros que estarían interfiriendo en la consulta; se está evaluando con Migración la situación de esas personas; además, la lista está en manos de la Policía, con la que estamos coordinando acciones”, explicó el representante del Ministerio Público.
El lunes, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, acusó a un chileno y un argentino de ser parte de un grupo de “agitadores” que estarían propiciando acciones de resistencia a la consulta, principalmente en Gundonovia, al noreste del parque nacional. La autoridad adelantó que si se halla alguna irregularidad en la permanencia de esas personas en Bolivia, se procederá a su expulsión, “como ocurre en otros países”.
Al respecto, el fiscal Cruz no descartó que los dos extranjeros estén en la lista que maneja el Ministerio Público del Beni, por lo que los investigadores realizan el trabajo de contrastación de datos e identidades. “No se puede revelar aún las identidades de esas personas, porque estamos en proceso de investigación; el requerimiento a la Dirección de Migración se hizo hace dos semanas y esperamos que esta semana tengamos el reporte final”, apuntó Cruz.
Nacionalidades El fiscal de Distrito del Beni reveló que, según las investigaciones preliminares, se trataría de ciudadanos de procedencia argentina, española y holandesa. Aparte de este caso, Cruz recordó que la Gobernación ya inició una primera investigación contra el corregidor de Gundonovia y un dirigente indígena, a quienes se les notificará con la cooperación de la Policía.
“Como no existían las garantías para que entre el notificador, se tramitó para que se pueda ingresar (a Gundonovia) con resguardo policial; aún no tenemos fecha para el ingreso y todo está en virtud a la disponibilidad de tiempo del investigador”, dijo.
Con respecto a la consulta, en La Paz, los legisladores del MAS admitieron que se tuvo que ampliar el plazo hasta el 7 de diciembre, debido al “escenario de conflictividad” que se registra en la región con actos de protesta y resistencia al proceso.
Mientras para el senador René Martínez (MAS), ampliar la consulta sin fecha es un criterio “nada responsable porque tiene que haber culminación (del proceso)”, para su colega Adolfo Mendoza, también del MAS, el cierre de la consulta no debería ser el 7 de diciembre. “La fecha debería mantenerse abierta, lo que no implica que se suspenda la consulta (…), puntualizó el legislador.
Consulta ‘triunfante’
Teoría
Para el ministro de Gobierno, Carlos Romero, la consulta en el TIPNIS “ya ha triunfado, independientemente de lo que venga (…), porque más del 50% de las comunidades de tres pueblos se ha pronunciado”.
Guaraníes anuncian bloqueo de carreteras
La Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) se declaró en emergencia y advierte con el bloqueo de carreteras a partir del lunes, por el incumplimiento del Gobierno —asegura— de acuerdos suscritos en 2010.
El presidente de la APG, Faustino Flores, dijo que se remitió una carta al presidente Evo Morales haciéndole conocer el malestar por dicho incumplimiento. “Le damos plazo hasta el lunes para que responda, de no ser así se iniciará el bloqueo de la carretera Santa Cruz-Yacuiba”, advirtió.
Según el dirigente, la demanda incumplida más sentida es la reconstitución territorial de la nación Guaraní; se rechaza la lentitud del proceso de saneamiento. Una vez que desde 1997 se pide el saneamiento de 10 millones de hectáreas, a la fecha sólo se alcanzó a titular 1,6 millones.
Sólo en Chuquisaca debió haberse expropiado 180 mil hectáreas y apenas se ejecutó 5.000, destacó Flores. Otra demanda que no fue respondida, según el dirigente, es la descentralización del Fondo Indígena: “El 50% de estos recursos debe ser destinado a los pueblos indígenas de las tierras bajas; actualmente los colonizadores, campesinos y las Bartolinas Sisa se llevan el 70%”.
