El Departamento de Estados de Estados Unidos fue la instancia que rechazó la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, bajo el argumento de que no están tipificados en su ordenamiento jurídico los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y atentado contra la prensa, inscritos, junto a otros, en el pedido de extradición, informó a La Razón Digital el exfiscal del caso Octubre, Milton Mendoza.
Dijo que instituciones vinculadas con la defensa de los derechos humanos en el país del norte, que accedieron al documento remitido al gobierno del presidente Evo Morales sobre la decisión tomada en torno al exmandatario, informaron que los argumentos no observan, como inicialmente se pensaba, la figura de genocidio.
Los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berinduague también huyeron a Estados Unidos, poco después de los hechos luctuosos de octubre de 2003 que acabaron con 67 muertos, cientos de heridos y la dimisión el entonces también jefe del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR). “Si es el Departamento de Estado que tomó la decisión, implica a todos (los dos exministros)” la negación de extradición, añadió.
El presidente Evo Morales confirmó hoy el rechazo a la solicitud de extradición de Sánchez de Lozada. Cuestionó la decisión y consideró que, a partir de esta posición será “imposible” que el país del norte entregue “a estos delincuentes que cometieron delitos de lesa humanidad”.
La solicitud de extradición enviada al país del norte tiene al menos 300 páginas, en las que se detalla los delitos por los cuales se imputa al exmandatario, entre ellas resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes y atentado contra la prensa; tipificaciones que no están contempladas en las normas judiciales estadounidense.
Una condición para viabilizar este tipo de solicitudes es que los delitos tipificados en Bolivia también estén, en este caso contemplados en Estados Unidos. “Goni ha firmado notas autorizando a las Fuerzas Armadas salir a las calles, tiene dos notas –una del 20 de septiembre y otra del 11 de octubre de 2003-, son órdenes contrarias a la Constitución”, recordó.
De acuerdo a la información que recibió Mendoza, el Departamento de Estado (Cancillería) rechazó el pedido porque además no contempla en su legislación la figura de atentado contra la prensa; delito por el que también se imputó a Sánchez de Lozada, ya que en ese entonces se afectó las emisiones de al menos dos radioemisoras y se decomisó ejemplares de medios impresos.
“El rechazo de Estados Unidos se va por la tangente porque, primero son delitos colaterales y, segundo, lo bueno es que no afecta el tema del genocidio, lo que quiere decir que se puede volver a intentar buscar la extradición por genocidio, delito de lesa humanidad”, destacó el abogado, quien encaminó el juicio por el denominado caso Octubre. El exfiscal y hoy magistrado del Tribunal Constitucional se hizo cargo en 2005 del proceso en contra de los responsables de los luctuosos hechos de octubre de 2003. En 2011, la justicia condenó a la cúpula militar y a dos ministros de Estado de la administración de Sánchez de Lozada.
Ana Reyes, la asesora legal del expresidente, aplaudió hoy la decisión del Gobierno estadounidense de rechazar la solicitud de extradición de su cliente. “Las medidas adoptadas por el Gobierno democrático de Bolivia en 2003 (durante el mandato de Sánchez de Lozada) eran apropiadas y necesarias debido a una situación peligrosa con rehenes y revueltas armadas que causaron caos y amenazaron muchas vidas», sostuvo.
Mendoza consideró que el Estado boliviano puede volver a tramitar la extradición porque la administración de Barak Obama no observó el delito de genocidio, principal acusación contra el exmandatario que radica en el país del norte desde 2003.
