Estados Unidos negó el pedido de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada a Bolivia, según reveló ayer una autoridad del Ejecutivo, de manera primicial, a la edición digital de La Razón. Esa decisión ocasionó molestia en el país.
Sin embargo, las autoridades del Gobierno boliviano y fuentes de la Embajada de Estados Unidos en La Paz no proporcionaron información oficial al respecto. En la Cancillería anunciaron ayer la emisión de un comunicado sobre el caso, que será conocido hoy. La fuente consultada dijo haber recibido el reporte directamente desde Estados Unidos.
La Justicia boliviana demandó la extradición de Sánchez de Lozada para que asuma su defensa en el país por la acusación de genocidio que pesa en su contra, dentro de un juicio de responsabilidades que se le sigue por la muerte de más de 60 persones en octubre de 2003, en el caso que después fue denominado Octubre.
Tras difundirse la decisión de Estados Unidos, las reacciones de rechazo y molestia salieron a la luz en el país. Por ejemplo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Gonzalo Hurtado, declaró a este diario que la Cancillería boliviana debe reiterar el pedido de extradición de Sánchez de Lozada a Estados Unidos. El Movimiento Sin Miedo (MSM), a través de su secretario político, Edwin Herrera, repudió la decisión de Washington porque, señaló, alimenta la impunidad.
Respecto a este tema, Rogelio Mayta, abogado de las víctimas del caso Octubre, afirmó que esta decisión pone en duda el compromiso real que propugna Estados Unidos acerca de la defensa de los derechos humanos.
“Hemos conocido que Gonzalo Sánchez de Lozada, a través de varios opositores, ha estado haciendo gestiones en Estados Unidos. Nos indignaría muchísimo (esta decisión), pero no nos sorprendería. Sería una muestra más de la doble moral con que actúa el Gobierno de Estados Unidos”.
Mayta se reunió anoche con el canciller David Choquehuanca y al salir de la cita indicó que la Cancillería del Estado hará conocer hoy su posición sobre la información adelantada por La Razón. Cuestionó que Washington, por una parte, se declare defensor de los derechos humanos y, por otra, proteja a los violadores de los derechos humanos, como al expresidente y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín.
El diputado del Movimiento al Socialismo (MAS) Lucio Marca también expresó su molestia por la decisión de EEUU y sostuvo que esto no provocará que se levante las manos en los esfuerzos para lograr que Sánchez de Lozada retorne al país para ser juzgado.
El asambleísta departamental Roberto de la Cruz (MAS) igualmente se pronunció sobre este tema. Lamentó la determinación del Gobierno de Estados Unidos y luego reprochó que la diplomacia boliviana no haya logrado el retorno de la exautoridad, según un reporte de la Agencia de Noticias Fides.
“El Gobierno tiene que explicar por qué durante más de seis años nunca fue su prioridad extraditar a Gonzalo Sánchez de Lozada. Si el Gobierno tiene dignidad, debe expulsar a los diplomáticos de Estados Unidos (que se encuentran en el país) para mostrar la indignación de Bolivia al mundo entero”, afirmó el exdirigente. Sánchez de Lozada renunció el 17 de octubre de 2003, tras semanas de conflictos que terminaron con más de 60 fallecidos.
Militares buscan el indulto
Sucre
A fines de agosto, antes de cumplir un año de prisión, el general Juan Véliz, excomandante del Ejército (2003), pidió al presidente Evo Morales indulto para él y cuatro exjefes militares más que fueron sentenciados a 11 y 15 años de cárcel en el juicio del caso Octubre. Dijo que pagan errores políticos y que los verdaderos responsables de los hechos estaban libres.
Caso octubre: nueve están con juicio pendiente
En octubre de 2003, la Fiscalía General conoció la proposición acusatoria por los hechos sangrientos ocurridos ese mes durante la “guerra del gas”, en la que murieron más de 60 personas, en contra del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y parte de su gabinete.
Tras cumplir el trámite de antejuicio, promovido por la Fiscalía General ante la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional de ese entonces, el 14 de octubre de 2004, autorizó un juicio de responsabilidades.
El 30 de agosto de 2011, tras casi ocho años, la Corte Suprema de Justicia dictó sentencia en contra de siete acusados que permanecieron en Bolivia y que no huyeron del país. Entre ellos recibieron sentencia cinco exjefes militares con penas de 11 a 15 años de prisión.
Falta el juicio contra Sánchez de Lozada y sus entonces ministros Carlos Sánchez Berzaín, Jorge Berindoague, Hugo Carvajal, Guido Áñez, Javier Torres Goitia, Dante Pino, Mirtha Quevedo, Jorge Torres Obleas, que residen en Estados Unidos, España y Perú.
Reacción en el país ante la decisión
Gonzalo Hurtado: Presidente del Tribunal Supremo de Justicia
“No olvidemos que es una persona que es procesada y que debe responder por los delitos de acción penal. La Cancillería debe reiterar la solicitud para que se acepte la extradición”.
Bernardo Huarachi: Presidente del Tribunal Agroambiental
“Sabemos que la política de Estados Unidos es ésa, intervenir y manejar a los países de América Latina y África. No nos sorprende porque, por lo menos, presumíamos eso”.
Lucio Marca: Diputado del Movimiento Al Socialismo
“Lamentamos que Estados Unidos, con una clara intención política de ir contra la corriente del proceso de cambio, no quiera colaborar. Así alienta la impunidad”.
