Ante el rechazo de Estados Unidos a la solicitud de extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, el Gobierno analiza solicitar a la administración de Barack Obama la revisión de su decisión o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, mientras tanto negó que este rechazo sea un fracaso de la diplomacia.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, reveló que el rechazo a la solicitud de la justicia fue justificado en el hecho de que los nueve delitos por los cuales se imputa al exmandatario no tienen similar tipificación en cuanto al delito y la sanción en la economía jurídica estadounidense, entre ellos que no hay responsabilidad política en lo que hagan las Fuerzas Armadas y la Policía.
Según lo interpretado por el Departamento de Estados de Estados Unidos, lo único que hizo el gobierno en 2003 es pedir la restitución del orden. “Más o menos los están declarando inocentes y están forzando que no hay identidad interpretativa y legislativa en ese tema específico”, pero no toman en cuenta que el delito de genocidio, por el que también está imputado Sánchez de Lozada, arrastra al resto y es indiscutible en la jurisprudencia internacional, señaló.
El vicecanciller Juan Carlos Alurralde negó que el rechazo a la extradición sea una derrota de la diplomacia boliviana porque, en este caso la Cancillería sólo hace de intermediario. Quienes prepararon los argumentos y el exhorto para la extradición son abogados de las víctimas y la propia Fiscalía, aclaró.
«No es un fracaso de la política exterior. La cancillería no interviene en la formulación jurídica del exhorto, esto corresponde a otras instancias. Es un tema jurídico», afirmó la autoridad, para quien, sin embargo es “frustrante” lo ocurrido.
El vocero del Departamento de Estado de Estados Unidos, Patrick Ventrell, expresó el viernes la disposición de la administración de Obama de dialogar con Bolivia sobre asistencia legal, incluido casos de extradición.
En los luctuosos hechos de octubre de 2003 fueron victimadas 67 personas y otras cientos resultaron heridas como consecuencia de la acción militar ordenada por el gobierno de Sánchez de Lozada para aplacar un descontento social que exigía su dimisión. El exmandatario no pudo contener el descontento y renunció al cargo, poco después huyó al país del norte.
La Fiscalía inició el 2007 el proceso de extradición de la exautoridad, como de los exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, también radicados en Estados Unidos. La Razón Digital reveló el jueves el rechazo a la solicitud, hecho que fue confirmado el viernes por el presidente Evo Morales.
Conocida la decisión, un equipo interministerial analiza la situación para fijar una posición y el camino a seguir, sin embargo Romero anticipó que la posición apuntaría a solicitar la revisión de la decisión estadounidense o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No obstante, el vicecanciller, Juan Carlso Alurralde, consideró que la Fiscalía y los familiares de las víctimas deben definir las futuras acciones.
Rogelio Mayta, abogado de las víctimas, consideró que el país del norte no reconoce la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, aunque consideró que es necesario hacer una evaluación sobre las alternativas a partir de la revisión minuciosa de la posición estadounidense.
La respuesta de la administración Obana, no obstante, no cierra la puerta en este objetivo, afirmó Alurralde. “No cierra la puerta, simplemente dice por el momento no podemos continuar con la extradición”, explicó el Vicecanciller
