El ministro de Gobierno, Carlos Romero, hizo conocer la posición. “Vamos a agotar todas las instancias que reconoce el derecho internacional público”, anticipó, dos días después de que el presidente Evo Morales confirmó la decisión estadounidense sobre el pedido de extradición de Sánchez de Lozada, tramitada desde 2007.
Mientras tanto, el vicecanciller, Juan Carlos Alurralde, aseguró que lo sucedido no significa un fracaso de la política exterior, porque la Cancillería solamente es un canal en estos casos y quienes redactan y establecen los argumentos de la solicitud son los abogados de las víctimas de la violencia de octubre de 2003 y la Fiscalía.
En las jornadas de octubre fueron victimadas 67 personas y otras cientas resultaron heridas como consecuencia de la acción militar ordenada por el gobierno de Sánchez de Lozada para aplacar un descontento social que exigía su dimisión. No pudo contener ello y renunció al cargo; poco después huyó al país del norte.
Romero cuestionó el rechazo de EEUU a la extradición porque está forzando elementos jurídicos, al justificar su decisión de que los nueve delitos por los cuales se imputa al exmandatario no tienen similar tipificación en cuanto al delito y la sanción en la economía jurídica estadounidense, entre ellos que no hay responsabilidad política en lo que hagan las Fuerzas Armadas y la Policía.
Ante esta situación, la administración de Morales apunta a solicitar a Estados Unidos la revisión de su decisión o llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA). La definición sobre el camino a seguir será tomada hoy en función de un análisis de un equipo de varias autoridades, anunció.
Evaluación. Alurralde explicó en entrevista con medios estatales que está abierta la posibilidad de continuar los trámites de extradición, pero la vía deben definirla los abogados de las víctimas y la Fiscalía. “(La decisión de EEUU) no cierra la puerta, simplemente dice por el momento no podemos continuar con la extradición”.
Rogelio Mayta, abogado de las víctimas de octubre, consideró que no sería viable llevar el caso ante la CIDH porque Washington no la reconoce, por ello —afirmó— es necesario hacer una evaluación sobre las alternativas a partir de la revisión minuciosa de la posición estadounidense.
El vocero adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos, Patrick Ventrell, expresó el viernes la disposición del gobierno de Obama de dialogar con Bolivia sobre asistencia legal en los temas bilaterales que les incumban, “lo cual incluye los casos de extradición”.
Sin embargo, el ministro Romero negó la posibilidad de aceptar la asistencia. “Nosotros somos soberanos, tenemos dignidad”, expresó la autoridad.
La Fiscalía inició en 2007 el proceso de extradición de Sánchez de Lozada y de los exministros de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, y de Hidrocarburos, Jorge Berindoague, radicados en Estados Unidos. El rechazo no fue por defectos de procedimiento, sino con argumentos jurídicos, agregó Alurralde.
Reacciones en Bolivia
Apoyo
Los premios Nobel de la Paz Rigoberta Menchú y Adolfo Pérez Esquivel criticaron a EEUU por “proteger” a Sánchez de Lozada.
Protección
El presidente Evo Morales acusó al país del norte de proteger a personas vinculadas con delitos.
