El abogado de las víctimas de octubre de 2003, Rogelio Mayta, afirmó que las próximas actuaciones tras el rechazo de la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada están en manos del Tribunal Supremo de Justicia y de la Fiscalía General del Estado.
Con esta postura coincidió el presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, quien dijo en Sucre que el Gobierno no es responsable de ese trámite de extradición, sino que esa labor recae en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y en la Fiscalía General del Estado (FGE), que debería impugnar la determinación o negativa de Washington difundida el jueves.
Para Mayta, una vez que llegó la respuesta diplomática, de acuerdo a procedimiento, debe ser puesta en conocimiento del TSJ y a través de este órgano a la FGE y a todos los involucrados. “La Fiscalía General, como titular de la acción penal pública, deberá asumir una determinación”, señaló. Junto a las personas que representa, de momento, se realiza una evaluación del rechazo comunicado por Estados Unidos.
Política. Esa evaluación, según reveló, contempla aspectos no sólo jurídicos, sino también políticos porque, si bien jurídicamente se puede adicionar elementos de prueba al exhorto suplicatorio y reenviar la solicitud de extradición, se advierte que de existir una determinación política cualquier esfuerzo legal podría quedar en la nada.
“La Fiscalía General va a tener que asumir una determinación, puede inclusive no insistir en la solicitud de extradición”, señaló Mayta. No obstante, hizo notar que la nota diplomática, en dos partes, abre la posibilidad de que se pueda revertir esa decisión.
En una de ellas, según Mayta, dice que en este momento no es posible aceptar la solicitud de extradición y da a entender que en otro momento tal vez sí. Además, al concluir la nota, expresa que Washington está dispuesto a conversar sobre este caso y otros de extradición que se pudieran dar en el marco de la cooperación judicial.
“Esto parece, de alguna manera, abrir la posibilidad de que la solicitud de extradición sea presentada una vez más. Además que el Tratado de Extradición (con EEUU) no nos limita, puede volverse a insistir”, dijo.
El diputado Arce aclaró que la respuesta y la decisión norteamericana se basan en argumentos y en ningún momento aducen que hubo fallas de procedimiento o que no se hizo conocer alguna documentación a los acusados.
En la nota diplomática que envió Estados Unidos se advierten dos ejes, uno relativo a la doble criminalidad y otro a la causa probable. En el primer caso se observan los delitos contra la libertad de prensa y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes.
Delitos. En el otro eje se arguye que en el tema de la masacre, lesiones en diferentes grados, vejaciones y torturas, entre otros delitos, no existe para Estados Unidos causa probable para que Sánchez de Lozada, Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague puedan ser considerados autores de esos delitos, por lo que no correspondería extraditarlos.
Los exministros Sánchez Berzaín y Berindoague también huyeron a EEUU tras los hechos de octubre de 2003 que acabó con más de 60 muertos, cientos de heridos y la dimisión del entonces presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (MNR). Según Mayta, la resolución de rechazo de extradición se extiende también para estas personas, pues formaban parte de una sola solicitud.
El ministro de Gobierno, Carlos Romero, dijo que se agotarán todas las instancias del derecho internacional para apelar la decisión de EEUU. El vicecanciller Carlos Alurralde sostuvo que lo sucedido no fue un fracaso de la Cancillería.
Arce adujo que la determinación del Gobierno estadounidense no es definitiva y anunció una serie de acciones, entre ellas que el Gobierno y un equipo de abogados estudiarán qué caminos legales seguir, sin descartar la vía directa ante autoridades de EEUU.
Defensor ve acción política de EEUU
La Defensoría del Pueblo calificó de “política” la decisión de Estados Unidos (EEUU) de negar extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada y exhortó al Gobierno a recurrir a la vía diplomática para lograr que la administración de Barack Obama revierta esa decisión.
“Creemos que la decisión del sistema judicial estadounidense, en este caso, manifiesta una posición política que, basándose sólo en el análisis de los procedimientos administrativos, intenta soslayar la consideración de fondo”, indicó la Defensoría, a través de un comunicado. Además, se comprometió a realizar las gestiones de apoyo ante instancias que defienden los derechos humanos de la región para pedir al Gobierno de EEUU que reconsidere esta “injusta y desafortunada decisión”.
En octubre de 2003 murieron más de 60 personas y al menos 400 resultaron heridas a raíz de la acción militar ordenada por el gobierno de Sánchez de Lozada para aplacar una movilización social que exigía su renuncia
El abogado de las víctimas, Rogelio Mayta, también consideró la negativa de Estados Unidos como una acción política. “Se presentó la solicitud y nunca pasó al Poder Judicial, no la conoció un juez (…) el Departamento de Estado simplemente rechazó la extradición, se tomó una decisión política”.
