Durante su último congreso sostenido en la ciudad de Tarija, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) ratificó en la presidencia a Yolanda Herrera y expulsó a su expresidente y actual embajador de Bolivia ante la ONU, Sacha Llorenti.
Alipio Valdez, flamante secretario de la APDHB, informó a la agencia de noticias ANF que la expulsión de Llorenti de esa institución fue bien recibida por los delegados porque no se puede permitir que “personas que violentaron los derechos humanos” sean parte de su organización.
Este diario intentó comunicarse, vía telefónica, con Llorenti, pero no tuvo éxito. Sin embargo, en una entrevista anterior, el también exministro de Gobierno evitó referirse a la APDHB “por respeto a la institución”. Durante su participación en el Ejecutivo se produjeron el desbloqueo de la vía a Caranavi en 2010, en el que fallecieron dos estudiantes, y la violenta represión a la VIII Marcha Indígena que se oponía a la apertura de una vía por el núcleo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), en 2012, en Chaparina.
“Se supone que quienes somos defensores de los derechos humanos estamos en todo momento en esa defensa, incluso cuando asumimos cargos en instituciones públicas”, declaró Valdez, tras la conclusión del congreso.
En la reunión también se decidió exigirle al embajador Llorenti que no utilice el nombre de la APDHB, ni para asuntos personales ni tampoco en su experiencia profesional en su currículo. La presidenta de la Asamblea de Derechos Humanos de Tarija, Gladys Sandóval, confirmó la reelección de Herrera como presidenta de la APDHB.
Herrera, en declaraciones realizadas el año pasado en Santa Cruz, informó que al menos cuatro representaciones de la APDHB pidieron la expulsión de Llorenti con ignominia de esa institución. Las delegaciones que pedían que se eche al exministro de Gobierno, por entonces, eran las de Potosí, El Alto y Tarija, además de los anteriores presidentes.
“La expulsión de Sacha Llorenti de la Asamblea de Derechos Humanos, de la que fue presidente antes de ingresar al Gobierno, enaltece a esa institución y se convierte en una mancha más para la vergonzosa designación del principal sospechoso por la represión en Chaparina y Caranavi”, dijo el diputado Felipe Dorado (CN) a ANF.
