La Federación de Trabajadores de la Prensa de Santa Cruz (FTPSC) y el sindicato de El Deber anunciaron querellas penales contra el alcalde Percy Fernández por los delitos de racismo, discriminación y obstrucción al derecho al trabajo. Los periodistas, además, exigen garantías constitucionales para el ejercicio del trabajo periodístico.
Fernández descargó el lunes su agresividad contra el reportero gráfico Enrique Canedo, a quien además echó de un acto público: “Ustedes son indignos; vaya a fotografiar las desgracias del pueblo y no las bondades que con sacrificio quiere hacer la municipalidad. Criticones, burros. Váyase de aquí joven, no es digno de este recinto, súbase al techo y tírese al río en la parte más profunda”, dijo.
El ejecutivo de la FTPSC, Roberto Carlos Hurtado, lamentó las constantes agresiones del Alcalde contra los hombres y mujeres de la prensa; “rechazamos los insultos proferidos contra un colega y debe dolernos a todos”.
El titular del Sindicato de Trabajadores de El Deber, Juan Carlos Salazar, adelantó que se iniciará una querella penal contra el Alcalde, para que deje de faltar el respeto y que no obstruya el trabajo. “En el pronunciamiento que realizamos el pasado sábado le pedíamos una retractación por las agresiones a los trabajadores de la prensa, pero lejos de hacer eso agrede nuevamente”, indicó.
Por otro lado, Hurtado adelantó que a través de la Fiscalía se pedirá un examen médico especializado en siquiatría para el alcalde Percy Fernández, a fin de conocer si está en condiciones o no de administrar el municipio.
También se tiene previsto solicitar al Concejo Municipal que el caso sea tratado en su Comisión de Ética. “Esperemos que los ediles atiendan nuestra demanda en esta oportunidad, ya que un requerimiento realizado en 2011 no tuvo la respuesta adecuada”.
Hurtado exteriorizó su preocupación sobre la lentitud de los procesos iniciados contra el Alcalde; “aquí ocurre algo muy extraño, por ejemplo en la pasada gestión se presentó dos querellas por agresión a la prensa, las mismas fueron rechazadas por la Fiscalía”. El secretario general del Sindicato de Periodistas Independientes, Franz Araúz, manifestó que “no se puede tolerar las acciones discriminatorias, alevosas, de soberbia, abuso y prepotencia por parte de la autoridad municipal”.
