La posibilidad de presentar mayores evidencias para lograr la extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada no es considerada como alternativa por las víctimas en el caso Octubre. El abogado que las representa, Rogelio Mayta, indicó que es necesario recurrir a acciones políticas en este proceso.
En una traducción no oficial de la nota diplomática se advierte que el Gobierno de Estados Unidos cree que la evidencia presentada como sustento de los cargos “no cumple con el estándar probatorio” y sostiene que “tras recibir evidencia suficiente que apoye una determinación de causa probable de los delitos, que cumpla con el requisito de doble criminalidad, los departamentos de Justicia y de Estado darán pronta consideración a la solicitud de extradición”.
Sin embargo, Mayta dijo que a pesar de que no se descarta ese trámite, no es la alternativa que se pide. “Será la representación de las víctimas o la asociación de familiares la que tome la decisión, porque tramitar una extradición una vez más puede resultar sencillo, trabajoso, por otro lado, y ya las personas están con demasiada desazón y escepticismo”, señaló.
Pedido. Si se decide remitir una nueva solicitud de extradición será vía diplomática, a través de la Cancillería al Gobierno estadounidense, pero se advierte limitantes, según Mayta. “Si todo fuese jurídico, probablemente la Cancillería no debería hacer ni una gestión más, pero ocurre que esto no es jurídico, por lo que estamos viendo son determinaciones políticas del Gobierno de EEUU, que en determinado momento pueden requerir determinaciones políticas del Gobierno de Bolivia”, sostuvo.
El procedimiento indica que corresponde que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) derive a la Cancillería el trámite de extradición ante EEUU y que esta instancia debería realizar acciones políticas, “porque está visto que la base jurídica no es suficiente” y existen elementos que escapan a las acciones que podrían asumir las víctimas.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, reconoció ayer la imposibilidad de extraditar a Sánchez de Lozada, debido a que no se cuenta con los recursos, ya que estaría siendo protegido por Washington. “No lo podemos acusar bajo la figura jurídica de Estados Unidos”, afirmó.
El mismo presidente Evo Morales condenó la decisión estadounidense y adujo que es “imposible” que ese país entregue al exmandatario, en tanto que el defensor del Pueblo, Rolando Villena, apuntó a que la decisión de la administración de Barack Obama “manifiesta una posición política”.
Mayta hizo notar que se presentó la solicitud y nunca pasó al Poder Judicial. “No la conoció un juez (…) el Departamento de Estado simplemente rechazó la extradición, se tomó una decisión política”, indicó y por eso sugirió similar situación.
En el marco jurídico, el abogado explicó que en 2008, cuando se presentó la solicitud de extradición, se recurrió a declaraciones juradas de los fiscales, por ejemplo, para darles credibilidad. Todo elemento sugerido por un bufete de abogados de EEUU que llegó a Bolivia para coordinar acciones y lograr satisfacer los requerimientos de los estándares norteamericanos se cumplió.
El legajo de más de 1.000 páginas, empero, mereció una respuesta de dos párrafos de parte de EEUU. El texto, del 4 de septiembre, denota la significación que Bolivia le da a este caso y lamenta la pérdida de vidas en octubre de 2003. En su parte final dice: “…el Departamento de Estado está presto a conversar personalmente con funcionarios bolivianos apropiados acerca de nuestra relación de cooperación jurídica bilateral, incluyendo (…) este y otros casos de extradición, en el momento que Bolivia así lo requiera”.
La solicitud data del 08-11-2008
Trámite
La negativa de extradición también se extiende a los exministros Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague. El trámite se presentó el 10 de noviembre de 2008. Tras los hechos de octubre de 2003 se reportaron más de 60 muertos y cientos de heridos.
Convocan al Canciller a informe oral
La Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados convocó al canciller David Choquehuanca para que dé un informe oral el miércoles 19, respecto a las gestiones realizadas para extraditar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Choquehuanca debe comparecer ante la comisión a las 08.30 del citado día y detallar las labores que realizó. Para ese fin se elaboró un cuestionario de cinco preguntas referidas al trabajo específico de la Cancillería, si se cumplió o no tratados internacionales con relación a la extradición y las gestiones ante autoridades competentes.
De acuerdo con el diputado Juan Carlos Cejas (MAS), presidente de la comisión señalada, una vez que se conozca la versión del Gobierno, “se harán las recomendaciones correspondientes para tratar de solucionar este tema”.
A este pedido de informe se suma otro presentado por el Movimiento Sin Miedo (MSM), a través de la diputada Marcela Revollo. En este caso, el interés es que Choquehuanca explique por qué no dieron resultado las acciones emprendidas por la Cancillería para concretar la extradición.
La petición del MSM fue presentada la tarde de ayer y se tramita a través de la Comisión de Política Internacional y Protección al Migrante de la Cámara Baja. De inicio, se pide a la autoridad proporcionar a la diputada solicitante toda la documentación correspondiente al trámite o proceso seguido por el Gobierno de Bolivia ante EEUU. Piden aclarar siete puntos, entre ellos qué se hará para subsanar la situación.
