Las víctimas de octubre de 2003, a través de su abogado Rogelio Mayta, demandan a la Fiscalía General del Estado una nueva solicitud a EEUU para extraditar al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada. Mayta halla debilidad y falta de voluntad institucional para resolver el caso.
“Si las autoridades cumpliesen su labor, tendría que revertirse el rechazo de la extradición (de Sánchez de Lozada); tendríamos que ver actuar a un fiscal general (de modo) absolutamente contundente. El pliego de la extradición es su responsabilidad y hasta ahora no dice absolutamente nada el titular de la acción pública”, dice Mayta.
En 2008, Bolivia pidió a EEUU la extradición del exmandatario para juzgarlo por la muerte de 60 personas, hecho registrado en los violentos enfrentamientos de octubre de 2003, que también dejaron más de 450 heridos en El Alto y La Paz. Cuatro años después, el 4 de septiembre, el Gobierno estadounidense rechazó la solicitud, informe que fue enviado a la Cancillería boliviana.
Análisis. Para Mayta, el Fiscal General debería orientar a la Justicia y guiar por el camino que debe seguirse analizando una nueva solicitud (de extradición) incluyendo nuevos elementos y pedir al Tribunal Supremo de Justicia que, de forma expedita, realice el pliego oficial.
“El Fiscal debería pedir ayuda a la Cancillería para realizar un mejor exhorto suplicatorio que debería ser remitido a EEUU y trabajarse diplomática y jurídicamente para subsanar cualquier duda y satisfacer los requerimientos de ese país para completar la extradición. Con todo, el trámite debería tardar sólo algunos meses, considerando lo complicado del caso”, agrega. Tras nueve años de la masacre de 2003, los principales responsables huyeron del país y lograron refugio en distintas naciones.
El exministro Jorge Torres gestionó su asilo en Perú, al igual que Mirtha Quevedo, Javier Tórrez Goytia y Dante Pino; el extitular de la cartera de Gobierno Yerko Kukoc intentó quedarse en EEUU, pero murió tras un paro cardiaco en 2011 y su caso se extinguió. Carlos Sánchez Berzaín, Guido Áñez y Jorge Berindoague están en EEUU; Hugo Carvajal permanece en España, según la Interpol.
“Al completar la sentencia de extradición —sostiene Mayta— se deberá traer a esas personas a Bolivia y someterlas a un juicio oral ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en audiencias continuas que se lleven a cabo los días hábiles y luego tener una sentencia. Eso debería ocurrir si las autoridades cumpliesen su función como establece la ley”.
En agosto de 2011, de los 17 acusados por la “masacre”, siete fueron sentenciados, entre ellos cinco exjefes militares y dos exministros. Erick Reyes Villa y Adalberto Kuajara fueron sentenciados a tres años de prisión, aunque han sido liberados de cumplir la pena.
El TSJ condenó asimismo a los generales Roberto Claros Flores y Juan Véliz Herrera a 15 años y seis meses de prisión; al general José Osvaldo Quiroga Mendoza y al almirante Luis Alberto Aranda Granados, a 11 años; y al general Gonzalo Alberto Rocabado, a diez años, acusados de complicidad en el delito de “genocidio bajo la modalidad de masacre sangrienta”.
Véliz Herrera, excomandante General del Ejército, pidió entonces justicia para los soldados y oficiales caídos. Aseguró que los verdaderos responsables “no fueron juzgados y gozan de libertad”.
El abogado Mayta afirma que esa sentencia tiene una gran trascendencia histórica porque así se sienta un precedente ante el Gobierno actual y las futuras autoridades para evitar futuras ilegalidades. “Cualquier funcionario público de las Fuerzas Armadas, de la Policía o de otras instituciones sabrá que la violación de los derechos humanos es una responsabilidad que los perseguirá sin que puedan excusarse en que cumplían órdenes”.
Arce habla de motivos políticos
El presidente de la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, Héctor Arce, califica de “banales” los argumentos expuestos por EEUU para rechazar la solicitud de extradición. “Es una actitud total y abiertamente política, no ha habido un juez norteamericano, no ha habido un fiscal norteamericano, no ha habido ninguna autoridad jurisdiccional que haya realizado una valoración del hecho”, señala.
Para el MNR, no hay juicio contra Sánchez de Lozada
Nunca existió un proceso con argumentos jurídicos válidos contra Goni y sus ministros, sostiene el vocero del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), Luis Siles. Considera que sólo hubo un “linchamiento” mediático propiciado por el MAS y el gobierno de Evo Morales Ayma.
“En Sucre fueron juzgados los que estaban presentes, los que no estaban no fueron juzgados; en ese sentido no hubo proceso. En Estados Unidos se llevó a cabo un juicio civil cuyo fallo les favoreció y la decisión de (no) extradición constituye un respaldo del Gobierno de Estados Unidos, país donde un presidente no puede ser enjuiciado por mantener el orden en una rebelión política en cuyas circunstancias haya enfrentamientos”, explica Siles.
Postura. Reitera que “judicialmente” no se instauró un proceso contra Gonzalo Sánchez de Lozada, pero que a través de los medios de comunicación el Gobierno generó una “verdad construida” a través de la constante repetición.
“Es como el caso de Leopoldo Fernández, por el caso Porvenir, sacan spots para juzgarlo; no hay argumentos jurídicos, sino comunicacionales. Sobre octubre, hubo un proceso mediático y el proceso judicial no incluyó a las personas que están fuera del país”, indica.
El vocero emenerrista considera que la verdad de los hechos no podrá ser conocida mientras haya “intereses externos que usan la tragedia para lograr réditos políticos”. “Hay muchos interesados en usufructuar políticamente con los muertos de octubre; mientras haya esa actitud, no se va a establecer la verdad de los hechos”, sentencia.
