El ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, afirmó hoy que el tratado de extradición entre su país y EE.UU. tiene «vacíos» que no ayudaron en el proceso para que Washington entregue al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de la muerte de 60 personas en una revuelta social en 2003.
Choquehuanca hizo esta afirmación tras presentar un informe en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados sobre el rechazo de Estados Unidos para extraditar a Sánchez de Lozada, comunicado al Gobierno de Evo Morales a principios de este mes.
«En este tratado de extradición hay vacíos, por ejemplo no existen plazos (…) Ese tratado ha sido firmado y ratificado durante el Gobierno de Sánchez de Lozada, y tiene limitaciones», dijo el ministro a los medios.
Agregó que esos vacíos «se tienen que corregir» mediante la firma de un nuevo tratado de extradición, posibilidad que fue incluida en el acuerdo marco suscrito por ambos países en noviembre de 2011 para restablecer las relaciones de cooperación, que estaban congeladas desde 2008.
El Gobierno boliviano recibió a principios de este mes una nota de Estados Unidos denegando las extradiciones de Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003), solicitada a fines de 2008, y de Carlos Sánchez Berzaín y Jorge Berindoague, que fueron sus ministros de Defensa y de Hidrocarburos, respectivamente.
El exmandatario y sus colaboradores fueron acusados de genocidio por tener una supuesta culpa en la muerte de más de 60 personas ocurrida entre septiembre y octubre de 2003, durante una oleada de conflictos que fue reprimida por los militares.
El rechazo de Estados Unidos provocó críticas en el Parlamento boliviano, por lo que Choquehuanca fue convocado hoy para informar sobre las gestiones que ha hecho el Ejecutivo boliviano para lograr la extradición.
El canciller dijo además que «no hay un rechazo definitivo a la solicitud de extradición» y que EE.UU. propone «una reunión de alto nivel para seguir trabajando», según la agencia estatal ABI.
«El documento dice que el Departamento de Estado está presto a conversar con los funcionarios bolivianos apropiados acerca de nuestra relación de cooperación jurídica bilateral, incluyendo la base legal procedimientos y procesamientos de ese y otros casos de extradición en el momento que Bolivia así lo requiera», señaló.
El informe de Choquehuanca dejó insatisfecha a la oposición, que insistió en culpar al Gobierno por el rechazo estadounidense. «Nos han dicho que queda en manos de los familiares de las
víctimas y del órgano judicial para ver qué acciones se van a tomar de aquí en adelante, como pretendiendo lavarse las manos en un tema jurídico y político», dijo el diputado opositor Willman Cardozo.
El presidente de la Comisión de Justicia Plural, el oficialista Juan Carlos Cejas, anunció por su parte que también pedirán informes al órgano judicial y la Fiscalía General sobre el caso.
