El Gobierno remitió a la Asamblea dos anteproyectos de ley a favor del sector agropecuario. Uno plantea ampliar a cinco años la verificación del cumplimiento de la Función Económica Social (FES) de la tierra, y otro, la regularización de los desmontes.
Los anteproyectos de Ley de Apoyo a la Promoción de Alimentos y Restitución de Bosques en Áreas Especiales y de Ajuste Temporal a la Verificación de la FES fueron presentados por la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, en el marco de los festejos por el 202 aniversario de la gesta libertaria cruceña.
La primera propuesta —que flexibiliza el artículo 2 de la Ley INRA— amplía el plazo de verificación de la FES, que por ley debe efectuarse cada dos años.
“A partir de la promulgación de la norma, es decir desde esta gestión, se realizará la verificación cada cinco años”, explicó Morales.
Los beneficiarios son los propietarios de medianas propiedades y empresas tituladas, sin embargo, el INRA podrá hacer verificaciones excepcionales en los siguientes casos: a denuncia justificada de incumplimiento formulada por los movimientos sociales, cuando el INRA tenga información de acaparamiento de tierras improductivas, en casos de delitos de la Ley 1008, la existencia de relaciones servidumbrales y en predios situados a 50 kilómetros de la frontera.
El segundo anteproyecto —que modifica el artículo 75 de la Ley Forestal— plantea dar una amnistía a los productores que procedieron al desmonte ilegal en sus propiedades. Los infractores deben acogerse de forma obligatoria a un programa de seguridad alimentaria para evitar la reversión de sus tierras y las multas.
Los beneficiarios “deben comprometerse a producir los alimentos estratégicos que determine el Gobierno y a elevar la productividad por hectárea entre 25% y 40%, y también a reforestar algunas áreas de su propiedad”, dijo la ministra, quien después precisó que la propuesta toma en cuenta sólo a los desmontes efectuados antes de la promulgación de la ley.
También fija una tabla diferenciada de multas por hectárea para quienes se inscriban en el programa y no cumplan sus compromisos —empresas medianas de explotación forestal permanente $us 60, empresas medianas de usos múltiples $us 40, pequeñas propiedades $us 30 y comunidades $us 10—. “El objetivo es mejorar la seguridad alimentaria y ser totalmente soberanos en alimentos estratégicos”, sostuvo Morales, que luego hizo hincapié en los logros del país en esta materia.
Alcalde es distinguido en sesión deslucida
El Concejo entregó anoche la polémica declaración de Hijo Ilustre de Santa Cruz al alcalde Percy Fernández, durante la sesión de honor por la efeméride departamental en la que se entregaron otros 20 reconocimientos a personas e instituciones regionales.
La ceremonia se realizó sin los invitados principales: el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, quienes delegaron su representación a los ministros de Gobierno, Carlos Romero; de Desarrollo Rural, Nemesia Achacollo, y a la presidenta del Senado, Gabriela Montaño, respectivamente.
Como estaba anunciado, tampoco asistieron el gobernador Rubén Costas ni el presidente del Comité Cívico, Herland Vaca Diez, distanciados de Fernández por su acercamiento al MAS.
Por la tarde, el Jefe del Estado garantizó $us 122 millones para la construcción de la doble vía Montero-Yapacaní y firmo el decreto que autoriza la exportación de 50 mil toneladas de azúcar.
Almaraz ve retroceso en el proceso de cambio
El exviceministro de Tierras Alejandro Almaraz —distanciado del MAS— dijo que los proyectos de ley anunciados por la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, ya fueron mencionados en la Cumbre Social de Cochabamba, en 2011, y que aprobarlos marcaría un retroceso en el proceso de cambio, pues concretaría preacuerdos con empresarios.
“Una norma que vaya a plasmar preacuerdos con el empresariado es prebendal”, dijo. El hecho de que se fije, por ejemplo, revisiones de la Función Económica Social (FES) cada cinco años, se traduciría en que, en ese periodo, no habría posibilidad de revertir esas tierras. “En esos cinco años puede ocurrir lo contrario de lo que ha manifestado el Gobierno como propósito, que es asegurar la producción”, señaló Almaraz.
Respecto a la posibilidad de que el Estado acuerde el uso que se le dará a los desmontes ilegales, indicó que el “perdonazo” tiene la finalidad de evitar la redistribución de la tierra y que es injusto que quien tuvo tiempo para cumplir la FES y no lo hizo, pueda tener nuevas oportunidades.
“Esa tierra debe retornar al Estado para que la redistribuya a comunidades (…) con las que pueda acordar el uso productivo, brindando el apoyo técnico financiero”, expresó y agregó que es una “traición al proceso de cambio”.
